Van por más los capitalistas con la nueva propuesta de cerrar escuelas

Por Isabelino Montes

En Puerto Rico resurge el plan de cierre de escuelas, una vez más bajo el pretexto de la disminución de la población en la isla. Este argumento, sin embargo, no puede desvincularse del éxodo masivo provocado por la precariedad de las condiciones de vida, el cual obliga a miles a emigrar. Los administradores coloniales, con su indiferencia, confirman esta realidad, mientras el bipartidismo—responsable directo del colapso social y económico del país—permanece intacto.

No es la primera vez que el cierre de escuelas es utilizado como una herramienta para debilitar el sistema educativo y avanzar agendas privatizadoras. Bajo la administración de la exsecretaria de Educación Julia Keleher y el exgobernador destituido Ricardo Rosselló, este plan se implementó agresivamente. Se trató de una estrategia que buscaba descentralizar el Departamento de Educación para abrir las puertas a intereses privados. Keleher, posteriormente condenada por corrupción, encabezó el cierre masivo de escuelas mientras beneficiaba a empresas y allegados con contratos fraudulentos.

Durante este periodo, la reciente gobernadora electa, Jennifer González, ejercía como comisionada residente. Aunque tenía pleno conocimiento del desvío de fondos y del desmantelamiento del sistema educativo, no alzó la voz en contra de las acciones de la administración. En lugar de proteger los intereses del pueblo, se convirtió en cómplice pasiva de una maquinaria que saqueaba recursos públicos.

¿Dónde está el dinero robado?

La corrupción en el Departamento de Educación es una herida abierta. Empresas como Colón & Ponce y BSJ Partners, con vínculos cercanos a Keleher, se beneficiaron de contratos inflados y servicios innecesarios. Mientras tanto, los recursos destinados a la educación se esfumaron. Si la justicia fuera real, los bienes de estas empresas y de todos los implicados serían expropiados para reintegrarlos al presupuesto del Departamento de Educación. Pero la clase trabajadora sigue pagando las consecuencias de una justicia de papel, diseñada para proteger a los ricos y castigar a la clase trabajadora y sus capas más pobres.

La reducción del presupuesto educativo no es más que otra jugada capitalista. A nivel global, esta estrategia se replica: Donald Trump, por ejemplo, propone eliminar el Departamento de Educación en Estados Unidos para transferir el control a los estados. Esto no solo amenaza con desmantelar la equidad educativa, sino que reafirma la prioridad del capitalismo de destruir servicios públicos en beneficio del sector privado.

El capitalismo y su crisis: un enemigo de la educación pública

Los recortes a servicios esenciales, como la educación, no son casualidad. Forman parte de una maquinaria que intenta salvar un sistema capitalista en crisis. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, los capitalistas continúan acumulando riquezas provenientes del trabajo asalariado, mientras las masas trabajadoras luchan por sobrevivir. La inversión en educación pública, como cualquier otro servicio esencial, se convierte en un obstáculo para la reproducción del capital, y por eso se ataca y desmantela.

En Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal juega un papel crucial en esta dinámica. Este ente, no electo por el pueblo, actúa como guardián del capital, aprobando presupuestos que desvían fondos públicos hacia las arcas de Wall Street. Bajo la fachada de "fiscalización", la Junta refuerza el control colonial y asegura que las necesidades de la clase trabajadora queden relegadas al olvido.

¿Cómo romper el cerco capitalista?

El panorama es sombrío, pero no definitivo. La clase trabajadora tiene en sus manos la posibilidad de construir una alternativa política y económica. Esto requiere superar las limitaciones del bipartidismo y del sindicalismo tradicional, organizándose en consejos de trabajadores y comunidades.

El magisterio, en particular, puede jugar un rol central en este proceso. Más allá de las luchas gremiales, maestros y comunidades deben unirse para crear organismos políticos que tomen el control de las escuelas públicas, sustituyendo a las estructuras burocráticas y corruptas actuales. Estos comités, formados por trabajadores y vecinos, pueden ser la base de una democracia real, donde la administración de los recursos se haga en función de las necesidades colectivas, y no de los intereses privados.

La lucha no es solo por el sistema educativo; es por la vida misma. La calidad de vida de la clase trabajadora debe ser el centro de cualquier sistema político y económico. El capitalismo ha demostrado, una y otra vez, que no está diseñado para esto. Solo mediante la organización política y la acción directa podremos construir una sociedad donde nuestras necesidades estén por encima de las ganancias privadas y se transformen en riquezas colectivas.