UPR en jaque otra vez: el desmantelamiento de la educación pública como reflejo de un modelo en crisis

Por Isabelino Montes

La comunidad estudiantil y los gremios sindicales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se reunieron hoy para anunciar una jornada de acciones en respuesta a las decisiones del presidente de la institución, Luis A. Ferrao Delgado. El presidente busca reducir 64 programas académicos en distintos recintos de la UPR, amparándose en estudios del 2017 que señalan supuestas "métricas de efectividad deficientes", como bajas tasas de retención, graduación y demanda.

Sin embargo, las raíces de esta crisis van más allá de las estadísticas. Desde la instauración de la Junta de Control Fiscal (JCF) en Puerto Rico, el presupuesto de la UPR ha sido objeto de constantes recortes, priorizando los intereses de los especuladores financieros de Wall Street sobre las necesidades del pueblo. En 2017, la JCF redujo $450 millones de la aportación gubernamental a la universidad, lo que representó más de la mitad del presupuesto asignado por el gobierno. Este golpe devastador ha resultado en el deterioro de la infraestructura universitaria y en la eliminación de programas esenciales en áreas como Educación, Filosofía, Historia, Sociología y Ciencias Agrícolas.

Estas disciplinas, cruciales para el desarrollo social y económico del país, están siendo sacrificadas en favor de un sistema que privilegia las ganancias privadas. Sin profesionales en educación, trabajo social y ciencias agrícolas, el país enfrenta el agravamiento de su ya frágil tejido social y económico, reflejado en una creciente desigualdad entre la clase trabajadora y la burguesía.

El problema, sin embargo, no se limita a la UPR. El bipartidismo que controla la política puertorriqueña ha sido cómplice de la JCF, favoreciendo consistentemente a las clases adineradas. Para los sectores más privilegiados, el cierre de programas académicos no representa un problema: sus hijos asisten a las mejores universidades del mundo y regresan a la isla para disfrutar de sus privilegios. Mientras tanto, las familias trabajadoras enfrentan dos opciones: abandonar el país en busca de oportunidades o sobrevivir en un sistema que empuja a muchos hacia la economía subterranea.

Esta realidad no es solo una crisis educativa; es un reflejo del fracaso del modelo capitalista en satisfacer las necesidades de la mayoría. Las políticas públicas actuales están diseñadas para sostener un sistema obsoleto, donde las ganancias de las grandes empresas y millonarios prevalecen sobre las inversiones sociales. Ahora, se utiliza la baja matrícula como excusa para justificar los recortes. Pero ¿cómo no habrá menos estudiantes si la propia crisis ha forzado a miles de jóvenes y sus familias a emigrar?

Por otro lado, las reformas impulsadas por sectores de izquierda agrupados en alianzas electorales han usado al movimiento estudiantil como una herramienta política, creando falsas expectativas. Esto ha llevado a que líderes estudiantiles terminen absorbidos por el juego político burgués, como ocurrió con figuras como Manuel Natal, quien pasó de líder estudiantil a político sin butaca en el capitolio, atrapado en las dinámicas del sistema que alguna vez criticó.

Ante este panorama, es urgente que los trabajadores y trabajadoras de la UPR tomen un rol protagónico en esta lucha. La naturaleza transitoria del estudiantado, debido a su paso temporal por la universidad, limita la capacidad de sostener movimientos y organizaciónes prolongadas. Por ello, es esencial la creación de comités permanentes de trabajadores/as y estudiantes en los recintos, que actúen al únisono en la defensa por la educación pública universitaria.

Estos comités deben ser independientes de los partidos tradicionales y reformistas, cuya agenda electoral ha desviado las luchas hacia un activismo fugaz. Su misión no debe limitarse a organizar protestas, sino a tomar el control administrativo de la UPR y reorientarla hacia los intereses de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables del país.

La Universidad de Puerto Rico, como pilar del desarrollo nacional, debe estar al servicio de quienes más lo necesitan, no de los intereses del capital. La lucha por su rescate es la lucha por el futuro de Puerto Rico.