Trabajadores de la UTIER siguen diciendo la verdad

Por Isabelino Montes

Las elecciones en Puerto Rico han girado en torno a la corrupción y el problema de la energía eléctrica, dos temas esenciales para el funcionamiento del orden político y la economía del país. Estos están profundamente entrelazados, ya que la corrupción y la desviación de fondos han hundido la economía y, con ello, el sistema eléctrico. Sin embargo, pese a la abrumadora evidencia de apropiación indebida y desvío de riquezas por parte del PNP y PPD, los candidatos de estos partidos insisten en que pueden revertir el desastre.

La corrupción es el aspecto que más preocupa al pueblo. La gente se siente traicionada por los políticos en quienes confiaba. En cuanto a la apropiación de los recursos y medios de producción, la complejidad de este robo cotidiano hace que no se perciba tan claramente como la corrupción. La minoría capitalista que controla la riqueza del país ha logrado invisibilizar este robo sistemático, manteniendo a los/as trabajadores/as separados en luchas aisladas: sindicatos, organizaciones comunitarias, ambientalistas, estudiantes, todos librando batallas distantes de la política.

Esta fragmentación ha llevado a que muchas veces solo emplazamos a los políticos, amenazándolos con retirarles el voto si no nos escuchan. Pero este "castigo" se basa en la ilusión de que las estructuras políticas, una y otra vez, resolverán los problemas que han creado. Mientras tanto, el robo mayor, el robo diario de las riquezas del pueblo, continúa oculto. Las élites capitalistas se apropian del trabajo y del salario de la clase trabajadora, y uno de los escenarios más claros de esta apropiación es la privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico.

En este contexto, los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) siempre han sido los culpables ante la opinión pública. La UTIER fue convertida en blanco de odio, gracias a una campaña del gobierno que utilizó todos los medios ideológicos para señalar que los salarios de estos trabajadores eran "exorbitantes". Esto caló profundamente en una sociedad con salarios de miseria. La guerra contra la UTIER fue asumida incluso por otros sectores trabajadores, que ignoraban que los verdaderos responsables eran los políticos y capitalistas que habían politizado la AEE desde sus inicios y reducido los salarios del resto de la clase obrera.

Esa campaña, que exigía recortes de personal y beneficios en la AEE, era lo que los capitalistas pedían para "invertir". Hoy, Luma Energy y Genera han reducido sus nóminas y enfrentan múltiples emergencias debido a la falta de personal. Mientras tanto, un celador de categoría 4 en la AEE ganaba $26.80 por hora, pero ahora Luma contrata celadores a $47.88 por hora. La entrega del sistema eléctrico a estas empresas estadounidenses se ha hecho bajo un aparato estatal diseñado para beneficiar a los monopolios energéticos privados.

Los/as trabajadores/as de la UTIER advirtieron durante años sobre este proceso de desvalorización de sus salarios, y cómo llevaría a la privatización del servicio eléctrico. A pesar de la campaña de desprestigio, la UTIER continúa luchando, y su programa de radio "Energizando" sigue siendo un espacio crucial. En su emisión más reciente, el presidente de la UTIER, Gualberto Rolón Narváez, y el exempleado Dionisio Ayala Cintrón expusieron cómo Luma Energy se ha apropiado de fondos públicos federales: "Luma está pidiendo $15 millones por un solo adiestramiento, mientras que con la AEE los adiestramientos anuales costaban $11 millones", señaló Rolón.

Sobre la transición a la energía renovable, Rolón enfatizó que el servicio individualizado es inasequible para el pueblo. La UTIER ha planteado que esta transformación debe ser colectiva, gestionada por el estado a través de la AEE, con personal capacitado. "Siempre hemos apoyado la energía renovable, pero debe ser en manos del pueblo", afirmó Rolón.

Además, en el programa se discutió la farsa que ha montado el Negociado de Energía al aparentar oponerse a los aumentos de tarifas solicitados por Luma. El verdadero aumento vendrá después de las elecciones, demostrando la complicidad del Negociado en esta trama.

En cuanto a los salarios, Rolón recordó cómo los medios antes criticaban los ingresos de los trabajadores de la UTIER, pero ahora guardan silencio sobre los altos salarios de Luma. "Yo mismo me jubilé ganando $26.80 por hora tras 30 años de trabajo como celador línea 4", relató.

La automatización que Luma pretende implementar con los nuevos contadores inteligentes es otra forma de reducir costos y apropiarse de fondos federales. Estos dispositivos permitirán cortes automáticos de servicio, tarifas discriminatorias y sistemas de prepago, todos diseñados para maximizar las ganancias de Luma, no para satisfacer las necesidades del pueblo. "Ellos van a monitorear el consumo y decidir cuándo es más barato usar ciertos servicios", advirtió Dionisio Ayala.

Las expresiones en "Energizando" revelan cómo la lógica del capital ha convertido el servicio eléctrico en una mercancía, categorizada por el dinero, no por las necesidades de la sociedad. Ante este panorama, es imprescindible cuestionar a los partidos y organizaciones que no han denunciado los megaproyectos de energía renovable que subsidiarias de AES instalarán en Salinas y Guayama, con el respaldo de congresistas estadounidenses como Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Cabe preguntarse si la Alianza entre el PIP y MVC se distanciará de estos proyectos apoyados por las congresistas, así como la organización "Queremos Sol", liderada por Ingrid Vila.

La UTIER ha sido clara: la transformación hacia la energía renovable debe ser pública, gestionada por una corporación estatal. No debe replicarse el modelo de la AEE bajo control privado. La clase trabajadora no debe seguir siendo representada por una minoría que persigue intereses ajenos a los nuestros. Por eso, este lunes, en la manifestación convocada, se puede dar el primer paso y la UTIER plantear la creación de comités de trabajadores eléctricos, que puedan dirigir una nueva AEE en beneficio del pueblo de Puerto Rico.

Estos comités no solo representarán los intereses económicos de los trabajadores de la AEE, sino que tendrán poder de decisión en los asuntos administrativos y en la política energética del país, garantizando que el servicio eléctrico funcione en beneficio del pueblo de Puerto Rico, y no de las ganancias de las empresas privadas. Además, es crucial trazar vínculos con los trabajadores eléctricos del Caribe, que enfrentan situaciones similares bajo la dependencia de los monopolios energéticos internacionales. La unidad política de los trabajadores eléctricos de la región caribeña es fundamental para enfrentar colectivamente a estos monopolios y asegurar una soberanía energética que responda a las necesidades de nuestras sociedades.