Por más que la esquiven, la colonia revela la realidad
Por Bianca Morales
El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert F. Mujica, con su típica arrogancia burguesa y actitud dictatorial, volvió a dejar claro que el contrato de Luma está blindado por la JCF y el gobierno de Estados Unidos. ¡Ni la dictadura colonial ni sus aliados empresariales podrán detener la lucha del pueblo por recuperar su soberanía energética!
El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert F. Mujica, con la habitual arrogancia burguesa y totalitarismo político, volvió a dejar claro que el contrato de Luma está certificado por la JCF y el gobierno de Estados Unidos, y que este no puede cancelarse. En una conferencia de emergencia energética, calificó la discusión sobre el tema como una "distracción política". Desde el Distrito T-Mobile señaló: “es una distracción del problema que tenemos en Puerto Rico. Es una conversación políticamente ventajosa”.
Condescendiente, Mujica reflejó la típica postura de los representantes de la burguesía al considerar que el pueblo es incapaz de comprender sus propios problemas. Según él, lo único que al pueblo puertorriqueño le importa es tener electricidad en sus hogares, y nada más. La arrogancia de este discurso revela una profunda desconexión con la realidad de quienes sufren los apagones y las fallas del servicio eléctrico. El poder que estas élites ejercen sobre el país se refleja en sus palabras, dejando claro que las irregularidades no importan mientras el servicio funcione, mostrando su desprecio por lo ético y lo correcto.
Fermín Fontanés Gómez, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), se alineó con Mujica al defender el contrato de Luma Energy. “La estructura está hecha para que cuando eso se resuelva, la flexibilidad que va a tener LUMA es mayor. Yo creo en cómo está el contrato estructurado”, afirmó Fontanés Gómez. Ambos funcionarios, representantes del bipartidismo, son piezas clave en la dominación de Estados Unidos sobre Puerto Rico. El contrato de Luma y Genera es el producto de años de esfuerzos del bipartidismo por privatizar un servicio esencial para la sociedad puertorriqueña. Lo lograron en un momento en que las transformaciones energéticas globales se perfilan como un negocio altamente rentable, ya sea a través de energías renovables o mediante la insistencia en mantener el gas natural como fuente de ingresos.
La deuda impuesta ilegalmente a Puerto Rico, incluida la deuda de la AEE, fue el pretexto perfecto para entregar el único activo valioso del país a los acreedores de Wall Street. Mediante líneas de crédito irresponsables, en complicidad con los administradores coloniales, desviaron fondos públicos hacia empresas capitalistas energéticas, consolidando de forma paulatina la privatización del servicio eléctrico. Este proceso no solo desenmascara la complicidad de los políticos con los capitalistas, sino que también revela la naturaleza de clase del Estado. Un Estado que no es neutral, sino un instrumento en manos de la clase empresarial, al servicio de los monopolios energéticos de Estados Unidos y sus aliados financieros.
Este proyecto de privatización, impulsado por el bipartidismo, no surgió de la nada. Fue una creación deliberada de los intereses capitalistas que controlan tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata de Estados Unidos. Los mismos que hoy mantienen guerras sangrientas y una campaña electoral cargada de violencia para proteger sus negocios con las armas son los que, desde hace años, han alimentado la crisis en Puerto Rico. Es imposible desligar la crisis económica y la corrupción del marco colonial que define nuestra realidad. Pretender lo contrario es un acto de hipocresía que obstaculiza cualquier verdadero progreso.
Según Mujica, el contrato de Luma es inquebrantable. ¿Qué tipo de democracia es esta, en la que el pueblo sufre apagones diarios y hasta muertes, mientras un agente de Wall Street nos impone un contrato con una empresa que no funciona? El pueblo puertorriqueño rechaza a Luma, pero Mujica insiste en que cancelar el contrato es solo una cuestión política, minimizando así el derecho democrático de la gente.
Estamos lejos de creer que los partidos políticos actuales o emergentes resolverán esta situación. De hecho, muchos de estos nuevos partidos han dejado de lado la crítica a la JCF, y algunos hasta se fotografían con figuras como Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, quienes han sido cómplices en permitir que la JCF dicte la política en Puerto Rico y perpetúe contratos corruptos como el de Luma.
La solución no vendrá de estos partidos. La urgencia de organizarnos como clase trabajadora, a través de comités de trabajadores y de barrios, es inminente. Debemos desarrollar estructuras democráticas que respondan a nuestros intereses como clase. La salida del bipartidismo solo será real cuando tengamos organismos políticos propios, independientes de los partidos actuales, y cuando ejerzamos nuestra propia dirección política como clase trabajadora.
