Congresista Nydia Velázquez, el nuevo rostro del endeudamiento en Puerto Rico

Por Bianca Morales

El escenario energético de Puerto Rico se aclara cada vez más, revelando los intereses detrás de la privatización del servicio eléctrico en la isla. Como se había previsto, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sigue varias rutas: insertar a Puerto Rico en el emergente mercado capitalista de la energía renovable, expandir el control de las empresas energéticas estadounidenses y reestructurar la deuda, abriendo nuevas líneas de crédito en los mercados financieros de Wall Street.

Los polos inversionistas energéticos convergen junto con la Junta de Control Fiscal (JCF), los representantes políticos en el Congreso y los nuevos aspirantes a los puestos políticos locales. La privatización del servicio eléctrico ha sido meticulosamente estructurada por los monopolios energéticos de Estados Unidos. La primera en anunciar el nuevo proyecto de inversión estadounidense en energía renovable para Puerto Rico es la congresista Nydia Velázquez, quien hoy se presentará junto a la Alianza en una conferencia de prensa. Esta mañana, Velázquez anunciaba en la red social X:

"¡Gran inversión para Puerto Rico! @ENERGY anunció un compromiso de $861.3 millones para construir dos parques solares y dos sistemas de almacenamiento de energía. Este proyecto proveerá energía limpia a 43,000 hogares, abordando la falta de generación energética en la isla."

Este anuncio no es más que la culminación de una negociación directa entre el gobierno federal y Puerto Rico, garantizando un préstamo de $861 millones para financiar las instalaciones de energía solar y baterías más grandes de la isla. Sin embargo, detrás de este impulso por las "nuevas fuentes de energía" se esconde una nueva ola de endeudamiento, que responde a los intereses de sectores capitalistas, incluidos demócratas como Velázquez.

El pueblo puertorriqueño se ve nuevamente marginado de su propio destino, siendo la deuda el precio a pagar por las decisiones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. En julio, la Oficina de Programas de Préstamos del Departamento de Energía confirmó su compromiso de financiar estas instalaciones, que proveerán 200 megavatios de capacidad solar, suficientes para abastecer a 43,000 hogares, mientras los sistemas de baterías añadirán 285 megavatios de capacidad de almacenamiento.

Más alarmante aún es que estas mismas empresas energéticas privadas ya establecidas en Puerto Rico están detrás del proyecto. Las instalaciones, bautizadas colectivamente como Proyecto Marahu, serán gestionadas por Clean Flexible Energy LLC, una filial de las estadounidenses AES Corp. y TotalEnergies Holdings USA. Irónicamente, la misma empresa que durante años depositó cenizas tóxicas en Peñuelas y Guayama hoy se presenta como defensora de la energía limpia.

Después de años de lucha contra los depósitos de cenizas, hoy vemos sectores progresistas alineándose con una congresista que promueve un nuevo endeudamiento bajo el control de empresas que previamente contaminaron la isla. Los mismos que hoy se sientan junto a Velázquez para anunciar este proyecto evitan hablar del estatus colonial y prefieren postergar la crítica al capitalismo, argumentando que primero deben “limpiar la casa”.

¿Pero qué limpieza es esta? Se trata de reciclar una deuda sobre las necesidades básicas del pueblo, solo para que en una o dos décadas volvamos a caer en el mismo limbo de crisis financiera. Nuevas deudas que justificaran el alto costo del servicio energético cuando ya había dinero asignado para esa transcisión a energía renovable. No es necesario reciclar una nueva deuda con tantos millones asignados a Luma y Genera. Puerto Rico se ha construido sobre una burbuja de progreso que responde a los intereses de Wall Street, y hoy no es diferente.

En términos capitalistas, estos préstamos se ofrecen a las empresas detrás del proyecto Marahu, es decir, Clean Flexible Energy LLC, una filial de las estadounidenses AES Corp. y TotalEnergies Holdings USA, como mencionamos antes. Estos préstamos, que provienen del dinero público a través del gobierno federal y de las riquezas generadas por la clase trabajadora en EE.UU., se otorgan a estas empresas, pero será la clase trabajadora en Puerto Rico quien pague el alto costo del servicio eléctrico en los primeros años de este nuevo mercado. En la práctica, esto significa que las empresas harán una inversión mínima y recuperarán su dinero con el alto costo de los servicios, sumando además los gastos de financiación que la población tendrá que asumir para adquirir productos energéticos, junto con nuevas líneas de préstamos que volverán a endeudar al gobierno de Puerto Rico.

El Departamento de Energía ofrece estos préstamos con la condición de que los prestatarios cumplan con requisitos financieros y administrativos, lo que indica que pronto fluirán cientos de millones de dólares para la construcción. Se espera que el Proyecto Marahu entre en funcionamiento en 2025.

Sin embargo, estos proyectos, presentados como soluciones, evocan los acuerdos coloniales del Partido Popular Democrático (PPD) y Luis Muñoz Marín en los años 50, que llevaron a la crisis que define al Puerto Rico de hoy. Ahora, los mismos sectores que pregonan el cambio se alinean con los nuevos intereses capitalistas en lo que parece ser un falso progreso energético.

La batalla entre el bipartidismo y la Alianza podrá presentar nuevas caras y personajes, pero Puerto Rico sigue anclado en las viejas estructuras del capitalismo estadounidense. Mientras el Partido Nuevo Progresista (PNP) defiende estos proyectos energéticos, priorizando los intereses del gas natural y el petróleo, el PPD divaga entre ambos sectores. La Alianza, por su parte, apoya la reincorporación de la AEE bajo control público, pero lo hace de la mano de congresistas que impulsan proyectos ligados a monopolios energéticos estadounidenses.

En última instancia, la fusión energética de Puerto Rico sigue subordinada a los intereses capitalistas de Estados Unidos. La verdadera Alianza emergerá cuando, como clase trabajadora, aprovechemos este momento para crear comités independientes de trabajadores/as, separados de los partidos tradicionales y emergentes. Solo así podremos discutir, desde nuestros propios intereses, un programa político que verdaderamente reintegre la AEE bajo control público, no mediante alianzas público-privadas que continúan subordinando la energía a los intereses del capital.

Una AEE gestionada por trabajadores y trabajadoras entrelazada con otros trabajadores/as del Caribe y las Antillas permitirá construir redes energéticas que satisfagan las necesidades del pueblo y no los bolsillos de Wall Street.