El bipartidismo de EE.UU. quiere continuar endeudándonos
Por Bianca Morales
En verano, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó un presupuesto inicial para Luma Energy y Genera, tomando parte de los $12 mil millones ya asignados por FEMA para la reconstrucción energética. Esto demuestra que, con los fondos federales disponibles, no es necesario que Puerto Rico tome nuevos préstamos. Sin embargo, las políticas actuales dirigidas por la Junta de Control Fiscal (JCF) han desviado estos recursos hacia empresas privadas como Luma y Genera, priorizando la privatización del sistema eléctrico en lugar de utilizar los fondos para reconstruir la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo control público. Las partidas iniciales, destinadas principalmente a contratos y consultorías, evidencian que los recursos asignados han sido mal dirigidos, generando una carga innecesaria sobre el pueblo.
El NEPR obtiene dinero de varias fuentes: fondos federales, como los de FEMA, Vivienda Federal y Energía Eléctrica federal, además de cargos a empresas reguladas y fondos locales estatales. Con los $12 mil millones aprobados por FEMA, no había necesidad de endeudar más a la isla. Estos recursos estaban más que asegurados para la reconstrucción de la red eléctrica tras los huracanes María y Fiona, con el propósito de modernizar el sistema sin imponer una nueva carga financiera sobre el pueblo. Sin embargo, la intervención de la JCF y su insistencia en dirigir fondos hacia empresas privadas ha creado una situación de dependencia económica y desvío de fondos que de otro modo estarían disponibles para fortalecer el sistema público.
Cuando el huracán María devastó la isla en 2017, en lugar de usar estos fondos para restaurar y mejorar el sistema público de energía, la administración colonial impulsó la privatización del sistema eléctrico. Bajo el mandato de Ricardo Rosselló en 2019, se aprobó la entrega de la distribución y administración de la AEE a Luma Energy, bajo la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019), con el apoyo de la JCF. Así, los fondos disponibles fueron canalizados hacia contratos privados, perpetuando la lógica de endeudamiento en lugar de usar el dinero federal para una verdadera reconstrucción pública que no implicara más deudas.
Desde entonces, la JCF ha mantenido el control de los fondos federales, aprobando presupuestos que favorecen la privatización y el endeudamiento del pueblo, a pesar de que el dinero asignado era suficiente para la modernización sin tomar préstamos. La AEE fue llevada a la quiebra, y el control del sistema eléctrico pasó a monopolios del gas natural, como Genera. Mientras tanto, se propone una transición a energías renovables, pero bajo condiciones que favorecen a los mismos monopolios, en lugar de a las comunidades locales que podrían beneficiarse de una red pública y autosuficiente.
El reciente estudio PR100, presentado en 2024, promete una transición hacia un 100% de energía renovable para 2050. No obstante, este plan está siendo utilizado para justificar nuevas inversiones privadas y préstamos, cuando en realidad el capital ya está disponible si no se desviara hacia las empresas estadounidenses. Las figuras políticas, como Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio, promueven nuevos proyectos como el Proyecto Marahu, que será gestionado por filiales de corporaciones estadounidenses como AES Corp. y TotalEnergies. Estos proyectos favorecen a los monopolios energéticos que han lucrado con la privatización, manteniendo un sistema que continúa endeudando a Puerto Rico innecesariamente.
Los préstamos a estas empresas son, por lo tanto, injustificados. De los $861 millones destinados a préstamos, se podrían utilizar los $12 mil millones asignados por FEMA para la reconstrucción sin que el pueblo asuma nuevas deudas. El gobierno federal, con la JCF como ejecutor, ha priorizado intereses privados en lugar de destinar los fondos disponibles hacia una reconstrucción pública que beneficiaría a la población sin imponerle más cargas financieras.
La propuesta de Patria Nueva plantea una alternativa clara y distinta a lo que promueven los demócratas en la isla. Aboga por la restitución de la corporación eléctrica en manos públicas y la creación de micro redes comunitarias independientes de los monopolios. Pero, ¿serán estas cooperativas realmente independientes del control que las grandes corporaciones energéticas ejercen sobre la isla? La lucha contra el bipartidismo no puede limitarse a palabras; debe traducirse en hechos que liberen a Puerto Rico de la dependencia de nuevos préstamos y la entrega de su sistema energético a intereses foráneos.
Una verdadera lucha contra el bipartidismo y la JCF implica redirigir los fondos ya asignados hacia la reconstrucción de la red eléctrica pública, contratando de nuevo a los trabajadores/as de la AEE y evitando cualquier nuevo endeudamiento. Solo así Puerto Rico podrá avanzar hacia un sistema energético renovable y autosuficiente, sin seguir atrapado en el ciclo de la deuda que los monopolios energéticos y sus representantes políticos imponen.
Los fondos disponibles deben ser utilizados para el beneficio de los/as trabajadores/as de Puerto Rico, no para enriquecer a las empresas privadas que han destruido tanto a Puerto Rico como a EE.UU. La única forma de romper con este ciclo es movilizar a los trabajadores/as y las comunidades hacia un control directo y soberano de su sistema energético.
