La desviación de Fondos Federales en Puerto Rico y la complicidad del gobierno Federal
Por Bianca Morales
La desviación de fondos federales en Puerto Rico tiene un origen que debe ser expuesto sin tapujos: el estatus colonial que mantiene a la isla atada a los intereses de los Estados Unidos. Este no es un asunto que puede seguirse evadiendo. Aunque el estatus colonial no se discute abiertamente en las próximas elecciones, el pueblo merece conocer la verdad detrás de la desatención que sufre. El bipartidismo en Puerto Rico, que nunca ha funcionado sin la guía del gobierno federal, es cómplice directo de esta realidad. ¿Por qué ocultarlo, si las personas ya lo saben? Lo que hace falta es un partido que refuerce esa conciencia latente en el pueblo, una que ha surgido tras décadas de servilismo a los intereses coloniales.
Los fondos federales no llegan a su destino porque son desviados para servir a los capitalistas estadounidenses, y porque nuestra propia constitución facilita que esto ocurra. El Artículo VI, Sección 8 de la Constitución de Puerto Rico, la llamada "cláusula de prioridad de la deuda", establece que si los recursos del gobierno no son suficientes, el pago de la deuda pública tiene prioridad sobre cualquier otra asignación presupuestaria. Esto incluye los servicios esenciales que el pueblo necesita para vivir: salud, educación, seguridad. El resultado es un gobierno subordinado a los acreedores y no a su gente.
¿Dónde están estas discusiones en el panorama político actual? ¿Dónde está la diferencia real entre los partidos tradicionales cuando no se aborda esta realidad concreta? No hay tiempo que perder para plantearle al pueblo lo que realmente está pasando.
La Junta de Control Fiscal (JCF), creada bajo la ley PROMESA en 2016, controla el manejo de los fondos públicos, incluidos los fondos federales. Esta entidad, que responde más a los intereses de los acreedores que a las necesidades de la gente, tiene la facultad de aprobar presupuestos, supervisar los gastos y reestructurar la deuda pública. Como denunció María de Lourdes Santiago, "a la JCF ni un vaso de agua". Pero ahora, cuando el control y desvío de estos fondos se hace más evidente, ¿por qué no se alza la voz de nuevo?
La JCF ha desviado millones hacia el pago de una deuda ilegítima, dejando a un lado las necesidades básicas de la población. Este desvío ha facilitado la privatización de servicios esenciales como la energía y la educación, entregándolos a manos privadas con el pretexto de recaudar fondos. Las medidas de austeridad impuestas por la JCF han reducido salarios, pensiones y otros recursos fundamentales para la clase trabajadora, aumentando la pobreza y precarizando aún más la vida en la isla. La prioridad, claramente, ha sido satisfacer a los fondos buitre y no las necesidades del pueblo.
En este contexto, la Alianza entre el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana tiene una oportunidad única: retomar esta realidad y exponer cómo el estatus colonial es el verdadero responsable del desvío de fondos. Ocultar este hecho concreto sería perpetuar el mismo engaño que pregonan los partidos tradicionales. En lugar de simplemente hablar de redistribuir fondos, se debe exponer cómo el aparato legal que controla la colonia, encabezado por la JCF, es el verdadero responsable de que los fondos no lleguen al pueblo.
No se trata solo de la corrupción local, sino de un sistema económico diseñado para mantener a Puerto Rico en la pobreza, atado a los intereses de una metrópoli que explota sus recursos y su gente. La clase trabajadora tiene que organizarse políticamente en torno a esta realidad. Solo reconociendo lo que impide su progreso podrán poner comida en la mesa y detener la expulsión masiva de puertorriqueños/as que buscan en el extranjero las necesidades básicas que los gobiernos coloniales les niegan.
