PNP y PPD: ¿A quién realmente protegen al hablar de la propiedad privada?
Por Isabelino Montes
En Puerto Rico, el avance de partidos alternativos ha creado un fenómeno histórico en la política insular. Ante el desgaste y vacío de propuestas de los partidos tradicionales, la población ha empezado a manifestar sus inquietudes en las encuestas previas a las elecciones. Entre los temas que han ganado fuerza, la discusión sobre la propiedad privada de la tierra, que por años fue intocable, ahora se coloca al frente de la agenda pública, revelando las fisuras de un sistema desigual y el temor de quienes siempre han controlado las tierras y los recursos.
Hoy, los líderes del PNP y el PPD alzan la voz en contra de la propuesta de Juan Dalmau y el programa de Patria Nueva, acusándolo de querer expropiar tierras y propiedades privadas. Sin embargo, Dalmau ha aclarado en varias ocasiones que no plantea expropiaciones, sino que propone evaluar los terrenos agrícolas del gobierno para ponerlos en función productiva. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? Tal vez porque nunca se ha cuestionado abiertamente cómo se distribuyeron las tierras en Puerto Rico, quién las controla, y cómo este control ha permitido una creciente desigualdad social.
La historia de Puerto Rico es un testimonio de cómo la élite burguesa se apoderó de los terrenos y recursos más fértiles de la isla. Esto se remonta a planes como el de tierras de 1941, que consolidó la riqueza de un reducido grupo de familias que, a lo largo del siglo XX, lograron mantener su poder en alianza con las multinacionales y el capital estadounidense. ¿Por qué los partidos tradicionales defienden a ultranza este modelo de concentración de tierras y riqueza? La respuesta es clara: el sistema actual se construyó precisamente sobre el privilegio de estas familias, mientras el resto del país veía limitada su posibilidad de acceso a tierras productivas.
Ejemplo de esto son los Fonalleda y los Ferré Rangel, familias que consolidaron imperios económicos a través de la posesión de tierras y la diversificación en sectores como la industria, el comercio y los medios. La familia Fonalleda, por ejemplo, acumuló tierras fértiles que en su momento dedicaron a la caña de azúcar. Tras la caída de la industria azucarera, transformaron su riqueza en activos inmobiliarios comerciales, siendo propietarios de Plaza Las Américas, uno de los centros comerciales más grandes del Caribe. En otras palabras, el poder sobre las tierras agrícolas no solo les permitió mantenerse en la élite económica, sino también expandirse a sectores aún más rentables.
Por su parte, la familia Ferré Rangel, al frente de GFR Media (propietarios de El Nuevo Día y Primera Hora), también construyó su fortuna a partir de un modelo de concentración de tierras. Su incursión en la industria de la construcción y el cemento facilitó su acceso a tierras privilegiadas y, con el tiempo, a los medios de comunicación, desde los cuales han influido en la opinión pública a favor de sus intereses económicos.
El PPD y el PNP, al alinearse con estas familias, no solo protegen un sistema de desigualdad en la posesión de tierras, sino que fomentan una economía dependiente de intereses coloniales y capitalistas. Estos partidos han facilitado la apropiación de terrenos mediante incentivos fiscales, subsidios y conexiones políticas, permitiendo que la élite criolla y multinacionales estadounidenses se enriquezcan a costa de la clase trabajadora. Basta recordar cómo, en la década de 1940, la Ley de Tierras se utilizó para segregar tierras fértiles que luego fueron destinadas a proyectos industriales y comerciales controlados por capital privado, mayormente estadounidense. Este plan ayudó a cimentar el poder de la clase empresarial, mientras desplazaba a pequeños agricultores y limitaba el acceso de las masas a terrenos productivos.
Jennifer González y Jesús Manuel Ortiz, en su afán por defender la propiedad privada, parecen ignorar que el problema de fondo es la acumulación desmedida de riqueza en manos de unas pocas familias, mientras el resto de la población sufre las consecuencias de un modelo que perpetúa la desigualdad. La reciente propuesta de Dalmau para utilizar tierras del gobierno en proyectos productivos y sociales parece amenazar este equilibrio de poder que los partidos tradicionales tanto protegen.
En medio de esta discusión, cabe señalar que la propuesta de Patria Nueva no sugiere una abolición de la propiedad privada, sino un uso más equitativo y productivo de las tierras, combinando la propiedad privada con proyectos estatales. Sin embargo, esta propuesta también plantea una interrogante importante: ¿seguirá beneficiando a las mismas élites bajo el pretexto de la energía renovable, como en el caso de los parques solares promovidos en Salinas y Guayama? Organizaciones como Queremos Sol no han abordado la posible privatización de estos proyectos, lo que despierta dudas sobre si se está abriendo el mercado de la energía renovable a nuevos capitalistas locales.
La verdadera amenaza no es, como plantean los partidos tradicionales, una sociedad que aspira a una justa distribución de la riqueza, sino la posibilidad de que todo continúe como hasta ahora. La victoria de la Alianza y de una plataforma como la de Patria Nueva podría, en el mejor de los casos, significar un cambio profundo para las masas trabajadoras. La historia de expropiación en Puerto Rico demuestra que, si algo debe cuestionarse, es la justicia y el derecho que tiene la burguesía sobre la tierra en una sociedad dividida en clases.
