Nexo Debate: La mentira del contrato de Luma y las garantías inexistentes para la clase trabajadora

Por Isabelino Montes

Rolando Emmanuelli y Juan Dalmau deben entender que el sistema jurídico y el aparato estatal están orientados a proteger los intereses de las clases dominantes. Sus esfuerzos no deben limitarse a gobernar, sino que deben centrarse en transformar el aparato estatal para que beneficie a las masas trabajadoras. De no hacerlo, sus esfuerzos serán inútiles y solo contribuirán a fortalecer a la burguesía y a sus partidos tradicionales.

La mentira y el miedo se combinan para aferrarse al poder en la administración colonial de Puerto Rico. Cuando quienes gobiernan un país son una clase minoritaria y no la mayoría de la población, las mentiras y el miedo se convierten en sus armas aliadas para mantener el control. Este es el panorama que ha dominado en Puerto Rico por años, donde la clase rica ha controlado las arcas del poder político, replicando un ciclo histórico de opresión.

No obstante, las contradicciones inherentes en las mentiras no pueden ocultarse indefinidamente. Este ha sido el caso con Jennifer González, candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), quien ha sido desenmascarada en relación con la cancelación del contrato de Luma Energy. Contrario a lo que ha sostenido, el contrato sí puede cancelarse. Esta revelación ha sido clara en la reciente entrevista del abogado Rolando Emmanuelli con Juan Dalmau.

Emmanuelli, un experto en la ley Promesa y defensor de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) organizados en la UTIER, lleva tiempo señalando las irregularidades del contrato con Luma Energy. Según Emmanuelli, el contrato, que comenzó con un acuerdo de 70 millones de dólares el primer año y se ha incrementado hasta 125 millones de dólares en el tercer año, incluyendo 25 millones en bonificaciones, contiene cláusulas que permiten su cancelación. Esto es posible si se prueba que el servicio brindado es deficiente, algo que ha sido evidente en los cuatro años de operación de Luma.

El abogado ha insistido en que la cancelación del contrato no sería tan costosa como González ha querido hacer creer. "En términos prácticos y operacionales, tomaría alrededor de un año como mucho. No es algo imposible", afirmó Emmanuelli en la entrevista. Además, enfatizó que no se debe caer en la falacia de que la cancelación dejaría al país a oscuras, ya que existen procesos de transición estipulados en el contrato.

Las deficiencias en el servicio de Luma se han demostrado repetidamente. Durante las vistas públicas en la legislatura de Puerto Rico, el presidente de Luma, Juan Saca, fue incapaz de responder preguntas sobre la cantidad de empleados disponibles. También se descubrió que la empresa no cuenta con los permisos del Departamento de Recursos Naturales para el mantenimiento de las líneas eléctricas. Además, su plan de manejo de vegetación ha sido catalogado como mediocre.

Las razones para cancelar el contrato abundan. Sin embargo, este no se cancela debido a las profundas relaciones entre el PNP, Luma y el Partido Republicano de EEUU, lo que también explica el cambio de postura de González respecto a la cancelación del contrato. Estas relaciones son la raíz de la privatización de la AEE y la extensión del contrato con Luma, a pesar de los constantes apagones que afectan al país.

La influencia de los monopolios energéticos estadounidenses en Puerto Rico es clara, con empresas como Innovative Emergency Management, Inc. (IEM) que asesoran en áreas de producción y distribución energética. IEM, que ha negado su implicación, está organizando un evento de recaudación de fondos para González en Washington D.C., una táctica común en el juego político.

Ante esta situación, es esencial preguntarse: más allá de la cancelación del contrato, ¿qué garantías existen para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué es lo que realmente hay detrás de una democracia que responde a los intereses capitalistas?

El Estado, disfrazado como un aparato neutral, es en realidad un instrumento de la clase capitalista, un sector económicamente desarrollado que representa a una ínfima minoría en comparación con las masas trabajadoras. Este aparato estatal es anti-democrático en su esencia, ya que no representa ni da participación a las mayorías trabajadoras, sino que perpetúa los intereses de esa élite económica minoritaria.

La Ley Promesa, implementada bajo el consentimiento de los capitalistas del sector financiero, es un claro ejemplo de cómo el Estado actúa en detrimento de las mayorías. La privatización del servicio eléctrico, la debilitación de los derechos laborales y la persecución de las organizaciones obreras como la UTIER son pruebas adicionales de esta realidad.

Ante esta situación, es crucial que figuras como Rolando Emmanuelli y Juan Dalmau comprendan que el derecho jurídico y todo el aparato estatal están al servicio de los intereses de clase. Sus esfuerzos deben ir más allá de simplemente gobernar; deben enfocarse en cambiar el aparato estatal para que esté al servicio de las masas trabajadoras. De lo contrario, el esfuerzo será en vano y solo servirá para fortalecer a la burguesía y a sus partidos tradicionales.

La clase trabajadora no debe ser llevada al abismo electoral en ese sentido de oviar las relaciones coercitivas entre la clase trabajadora y la burguesía. Es hora de cuestionar y de exigir un cambio profundo en las estructuras que sostienen este sistema de opresión para que los resultados electorales no solo sean un cambio de personajes.