Los Fondos Federales están en manos de la clase social incorrecta

Por Isabelino Montes

La colonia boricua que Estados Unidos mantiene en el Caribe desde hace más de 100 años no siempre ha sido percibida como tal, ni por otros países de América Latina y el Caribe ni por los mismos puertorriqueños/as. Sin embargo, esta realidad colonial se ha ido infiltrando poco a poco en la conciencia boricua y en la de otros países de la región, quienes observan el éxodo de miles de puertorriqueños que abandonan su tierra. ¿Cómo ha logrado EE. UU. encubrir la condición colonial de Puerto Rico por tanto tiempo? Hay múltiples razones históricas, como su posición estratégica militar, pero, fundamentalmente, la raíz de este encubrimiento colonial se encuentra en la misma dinámica que enmascara la explotación obrera bajo el sistema capitalista: el trabajo asalariado.

Puerto Rico fue llevado de un sistema semi feudal a uno capitalista basado en el trabajo asalariado de manera rápida y agresiva, mucho más acelerada que otros países de América Latina y el Caribe. Esta transición, en apariencia un adelanto, permitió que en un corto tiempo las fuerzas productivas se desarrollaran en sectores claves como el refinamiento de petróleo y la producción farmacéutica, áreas cruciales para las empresas capitalistas estadounidenses. Esta reestructuración facilitó el acceso a grandes líneas de crédito de Wall Street que, como ya sabemos, han dejado un legado de crisis y deudas para los hijos/as de aquellas familias trabajadoras que se forjaron en los tiempos de las “vacas doradas”.

El dominio de la banca estadounidense y del capital financiero sobre la isla se estableció sin precedentes. Este sistema de líneas de crédito descontroladas benefició enormemente a algunos burgueses locales que comenzaron a forjar vínculos directos con el bipartidismo del PNP y PPD, principalmente la burguesía importadora y comercial.

Con el paso del tiempo, mientras la producción en Puerto Rico disminuía, el país empezó a depender de los fondos federales. Las fluctuaciones económicas y las políticas de Wall Street en la isla no solo permitieron la supervivencia mediante estos fondos, sino que también crearon una economía dependiente de los mismos. Hoy en día, toda la política en Puerto Rico parece girar en torno a administrar mejor esos fondos, ya que la planificación económica ha sido reemplazada por una dependencia de los recursos federales. Aunque el PNP y el PPD son claramente responsables de esta situación debido a su corrupción y mala administración, estos partidos también operan dentro de la lógica capitalista impulsada por el imperialismo estadounidense. Wall Street habilitó líneas de crédito que sabían serían impagables, pero que prometían generar nuevas fuentes de inversión a través de la desviación de fondos federales.

En este contexto, vale la pena entender cómo los fondos federales están conectados a las contribuciones de la clase trabajadora. La mayor parte de estos fondos que se destinan a Puerto Rico provienen de los impuestos sobre el ingreso, Seguridad Social y Medicare pagados en su mayoría por los trabajadores de clase media y baja en Estados Unidos. Este dinero se extrae del esfuerzo de la clase trabajadora, de cada intercambio en el que se vende la fuerza de trabajo a cambio de un salario. Los impuestos sobre la renta, el Medicare, la Seguridad Social, todo proviene del trabajo asalariado. A su vez, los trabajadores/as puertorriqueños/as también aportan, especialmente a través de impuestos como los de nómina para Seguridad Social y Medicare, tarifas aduaneras y otros impuestos sobre importaciones.

Desglosando los ingresos federales, aproximadamente el 51% de los fondos provienen de impuestos sobre la renta individual y alrededor del 36% de impuestos sobre la nómina, que sostienen programas federales dependientes principalmente de la clase trabajadora y representan el 87% del total de ingresos federales. Así, gran parte de los fondos que el gobierno de EE. UU. utiliza para financiar programas de ayuda, incluyendo aquellos destinados a Puerto Rico, provienen de la clase trabajadora.

Este dinero, generado por la clase trabajadora, es administrado por una clase minoritaria. Aquí se encuentra la raíz de nuestra pelea: ¿quién debería realmente administrar estos fondos? La clase trabajadora, que produce la riqueza, o una élite capitalista que desvía estos recursos hacia sus propios intereses. ¿Hacia dónde se dirigen estos fondos?

Veamos un ejemplo claro: los fondos de FEMA para la reconstrucción tras el huracán María, que han estado detenidos por años. Los/as trabajadores/as puertorriqueños contribuyen directamente a estos fondos, ya que provienen de impuestos de nómina para la Seguridad Social y Medicare. Además, Puerto Rico aporta a través de tarifas aduaneras e impuestos sobre productos importados, los cuales sostienen en menor medida el presupuesto federal. Estos fondos de FEMA están destinados exclusivamente a la reconstrucción, pero existen mecanismos legales que permiten la desviación de recursos hacia empresas capitalistas que se apropian de nuestro dinero de múltiples maneras.

Después de desastres naturales como el huracán María, Puerto Rico necesita reconstruir su infraestructura, lo cual requiere grandes inversiones. Aunque FEMA y otros fondos federales financian parte de esta reconstrucción, empresas de Wall Street obtienen contratos millonarios para administrar estos proyectos. Whitefish Energy, por ejemplo, con sede en Montana, recibió un contrato de 300 millones para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico, a pesar de su escasa experiencia en proyectos de esa magnitud. Este es solo un ejemplo de cómo Wall Street canaliza fondos federales mediante contratos con empresas vinculadas al sector financiero.

Más recientemente, las Alianzas Público-Privadas (APP) impulsadas por la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno han permitido que empresas privadas, controladas por inversionistas de Wall Street, se beneficien. Un ejemplo es LUMA Energy y Genera, que gestionan la electricidad en Puerto Rico. Estas empresas reciben subsidios públicos y cobran tarifas a los residentes, pero reducen la inversión en infraestructura para maximizar sus ganancias. Así, el capital financiero se nutre de nuestro salario directo e indirectamente, a través de deudas y contratos financiados con fondos públicos. La Junta más allá de asegurar el pago de la deuda busca permitir que Puerto Rico vuelva acceder a nuevos créditos gestionados por bancos de Wall Street como JP Morgan, Citigroup y otros, lo cual solo prolonga el ciclo de deudas y genera intereses adicionales para estos bancos.

Estos ejemplos muestran cómo Wall Street maximiza sus ganancias en Puerto Rico a través de la crisis fiscal y la deuda. Sin embargo, la cuestión no termina aquí. La administración de estos fondos no solo refleja nuestra realidad colonial, sino que nos sumerge en un sistema capitalista donde nuestro salario es saqueado por una minoría capitalista. La reciente amenaza de perder estos fondos debido a la burocracia y los cambios en la política federal estadounidense solo agrava esta situación. La recuperación de la isla podría tomar hasta 17 años, y con el lento avance actual, cualquier cambio en la administración federal podría poner en riesgo el financiamiento de los proyectos.

Los cuestionamientos sobre si Juan Dalmau logrará administrar estos fondos son válidos, pero esta preocupación oculta una realidad más profunda: ni el PNP ni el PPD, ni el propio Dalmau, pueden administrar estos fondos sin enfrentar la influencia capitalista de Estados Unidos. Así, más allá de elegir un buen candidato, es necesario cuestionarnos si el sistema capitalista beneficia a la clase trabajadora o simplemente se apropia de su salario para sostener a la élite capitalista.

La verdadera lucha, entonces, es por construir un sistema en el que los fondos federales, provenientes del esfuerzo de la clase trabajadora, sean administrados por esa misma clase en favor de la humanidad, y no del capital. Con la victoria de Juan Dalmau, la clase trabajadora debe organizarse en consejos o comités para construir un programa político y económico que refleje sus intereses, usando estos fondos para el desarrollo humano y no para el beneficio del capital.

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