Los bonistas, Luma y Genera: el saqueo de las pensiones trabajadoras
Por Manuel Gerónimo Martínez
El despojo de los derechos laborales y las pensiones es una tragedia en curso para más de 12,000 trabajadores/as jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y más de 2,000 viudas y viudos que, bajo un sistema que pensaban seguro, veían en su retiro un derecho ganado con décadas de trabajo. Ahora, con el fin de los fondos proyectado para enero de 2025 y la eliminación de protecciones históricas para las familias de los pensionados, se evidencia un plan sistemático de desmantelamiento orquestado por bonistas, el gobierno y entidades privadas como Luma y Genera.
El sistema de pensiones de la AEE, fundado en 1943 bajo un acuerdo fiduciario, priorizaba a sus trabajadores/as. Según el “Trust Agreement”, los gastos operacionales, las aportaciones al sistema de retiro y la compra de combustible tenían precedencia antes de pagar a los bonistas. Este esquema no solo aseguraba el bienestar del trabajador, sino que también contribuía a la estabilidad de la AEE mediante una fuerza laboral motivada y productiva. Sin embargo, esta visión fue traicionada.
Desde julio de 2014, la AEE dejó de realizar las aportaciones patronales al sistema de retiro, acumulando una deuda de más de $1,100 millones. Este incumplimiento no fue accidental; formó parte de un plan deliberado para descapitalizar el sistema y justificar su eventual inclusión en el Fondo General del gobierno, donde los recortes y la incertidumbre serían inevitables. Esto no solo vulnera a los jubilados, sino que convierte las pensiones, fruto del trabajo acumulado de miles de obreros/as, en fichas para la especulación financiera de Wall Street.
La privatización como estrategia de saqueo
La crisis del sistema de retiro está directamente vinculada al proceso de privatización de la AEE. Luma Energy y Genera PR, los actuales operadores del sistema eléctrico, han absorbido fondos originalmente destinados a los trabajadores. Desde que Luma asumió el control de la transmisión y distribución de energía, ha operado con déficits consecutivos, a pesar de desviar recursos esenciales. El gobierno, bajo la supervisión de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Junta de Control Fiscal (JCF), ordenó que los fondos destinados al retiro fueran transferidos a estas compañías para cubrir sus operaciones, violando los acuerdos previos con los bonistas y pensionados.
Mientras tanto, Luma y Genera reclaman reembolsos millonarios a FEMA por gastos tras el huracán María, pero no invierten un solo centavo de sus bolsillos. La carga siempre recae sobre la clase trabajadora. Los beneficios del saqueo están claros: privatizadores, bonistas y élites gubernamentales se enriquecen mientras los/as trabajadores/as pierden sus derechos fundamentales.
El ataque a un sistema bien administrado
El sistema de pensiones de la AEE, gestionado por una Junta de Síndicos integrada por representantes de la AEE, jubilados y trabajadores activos, había demostrado ser sostenible. A diferencia de otros sistemas gubernamentales quebrados, este resistió durante décadas gracias a su autonomía y administración responsable. Sin embargo, la falta de aportaciones patronales durante más de una década y el desvío intencionado de recursos han llevado al sistema al borde del colapso.
Una lucha de la clase trabajadora y su dignidad
En definitiva, son temas complejos los de las pensiones, y mientras los dejemos bajo la discusión de quienes nos llevaron a la crisis como clase trabajadora, seguirá siendo aún más confuso. Por tanto, en la medida que podamos arrancar estos temas desde la perspectiva de la clase social que nos llevó a la crisis, es decir, de las élites parasitarias capitalistas que jugaron en la rueda de casino de Wall Street con nuestras pensiones como trabajadores, avanzaremos como clase.
Es importante que nos veamos las caras como trabajadores y trabajadoras para unir esfuerzos mediáticos desde una primera instancia y posicionarnos como clase con nuestra propia perspectiva. Al mismo tiempo en que denunciamos lo sucedido, debemos constituir comités de trabajadores/as bajo un programa político que enfoque nuestros intereses como clase productora, mayoritaria de las riquezas de Puerto Rico y del mundo.
