Legalización de la Destrucción Ambiental y Protección a los Desplazadores: La Primera Orden del Gabinete de Jennifer González

Por Bianca Morales

La nueva administración colonial de Jennifer González ha iniciado su gestión dejando claro su compromiso con la defensa de los intereses de su círculo cercano. Su primer movimiento ha sido proteger a su familia ante acusaciones de construcción ilegal en La Parguera. Tras este intento de encubrimiento, González busca resguardar a presuntos infractores, incluidos sus suegros, acusados de talar manglares ilegalmente y de ampliar una plataforma en su propiedad dentro de una reserva natural designada desde 1979, conocida como bahía bioluminiscente.

Para asegurar esta impunidad, González nombró a Waldemar Quiles como secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Sin demora, Quiles emitió su primera orden administrativa: archivar la investigación y legalizar la ocupación de viviendas en La Parguera mediante una cuota que los propietarios pagarían cada cinco años. Estas viviendas, en su mayoría de uso recreativo, están construidas sobre áreas que destruyen el equilibrio ambiental, afectando gravemente la pesca local y la flora y fauna del área.

Esta acción no solo es un atropello legal, sino también un reflejo del carácter de clase que moldean las leyes y la seguridad social en Puerto Rico. Jennifer González no solo protege a su familia, sino que consolida el poder de una clase social privilegiada que sigue acumulando riquezas a costa de los sectores más vulnerables.

El desplazamiento de comunidades trabajadoras, especialmente de pescadores en La Parguera, ha sido sistemático. Estas familias han sido expulsadas de sus tierras por el alza en el costo de vida, la escasez de empleo y la desigualdad económica que provoca la especulación inmobiliaria. Las modestas viviendas de pescadores, levantadas desde la década de 1960, han sido reemplazadas por lujosas residencias vacacionales adquiridas por burgueses y políticos. Aquí se entrelazan la destrucción ambiental y la violencia económica del mercado capitalista de bienes raíces.

Detrás de este despojo se oculta el histórico régimen de propiedad privada de la tierra, cuyo único propósito es convertirla en mercancía para generar capital. Jennifer González actúa como intermediaria de quienes ven la tierra no como un patrimonio común, sino como un negocio lucrativo. Sin embargo, la tierra y los bienes de dominio público pertenecen legítimamente a quienes la trabajan y viven de ella. Son estas comunidades las que deben decidir sobre su protección y uso, de acuerdo con sus necesidades colectivas.

La primera orden administrativa de González y Quiles ha destrozado el ya frágil orden jurídico colonial, dejando al descubierto que las estructuras legales están supeditadas a los intereses de la clase economicamente dominante. Las leyes se violan constantemente porque las reglas reales son dictadas por las leyes de hierro del capital.

Las leyes del capital no conocen límites. Cuando los recursos naturales representan obstáculos para la acumulación de riquezas, las leyes existentes son descartadas. La destrucción ambiental de Puerto Rico es una consecuencia directa de la lógica depredadora del capitalismo.

Frente a esta realidad, no basta con batallar en los tribunales o confiar en procesos legislativos. La verdadera fuerza reside en la organización política de la clase trabajadora. Los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Eliezer Molina tienen la responsabilidad de ir más allá de las limitaciones legales. Deben impulsar nuevas estructuras democráticas y utilizar sus plataformas para educar y organizar al pueblo.

Eliezer Molina, ahora senador del pueblo, debe transformar su activismo en una herramienta política que rompa con las estructuras burguesas tradicionales. Es urgente abrir debates de pueblo en comunidades y centros de trabajo para formar líderes políticos comprometidos. Desde estos espacios deben surgir las propuestas que impulsen Molina y sus aliados del PIP para ir transformando la democracia en beneficio de las masas e ir formando los comités de trabajadores/as y de barrios.

Es momento de construir una verdadera alianza. Asambleas permanentes en centros de trabajo y comunidades deben convertirse en el motor de discusión y acción. El PIP y Eliezer Molina tienen la oportunidad histórica de canalizar este descontento y vacío político hacia una organización política sólida. Solo con la participación activa de líderes comunitarios y trabajadores será posible enfrentar el poder destructivo del capital y su democracia ya expirada.