La vivienda de interés social, una cortina de humo en los planes de Pierluisi y los capitalistas del sector inmobiliario

Por Isabelino Montes

Pierluisi, al servicio del capitalismo, presenta apartamentos "asequibles" que en realidad siguen siendo costosos para las familias trabajadoras, perpetuando un sistema que prioriza la rentabilidad sobre el acceso a una vivienda digna.

El reciente anuncio del gobernador Pedro Pierluisi sobre la creación de 4,000 viviendas de alquiler, financiadas con fondos federales, ha sido presentado como una solución ante la crisis habitacional que azota a Puerto Rico. Bajo la bandera del Programa de Desarrollo Comunitario con Subsidio Determinado para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés), se plantea la modernización del complejo Alameda Towers en Monacillos, San Juan. Sin embargo, detrás de este proyecto, aparentemente altruista, se esconde una realidad más oscura y perversa, dominada por los intereses del capital y el mercado inmobiliario.

Pierluisi, en su discurso, ha destacado la importancia de fomentar un mercado de viviendas de alquiler, algo que, según él, ha sido históricamente desatendido en favor de políticas que promueven la propiedad de viviendas. No obstante, la verdadera intención detrás de estos proyectos parece ser otra: la rentabilidad que ofrece el sector de bienes raíces, donde el capital privado sigue dominando, mientras que las necesidades de la clase trabajadora son relegadas a un segundo plano.

El proyecto de Alameda Towers, que incluye la remodelación de 300 apartamentos, no es más que una pieza de este engranaje capitalista. La inversión, valorada en $110 millones, se nutre principalmente de una asignación de $85 millones del programa CDBG-DR, complementada con fondos privados y créditos contributivos federales. Aunque el gobernador asegura que estas viviendas serán sostenibles y contarán con energía solar, conforme al Green Energy Building Standard, la realidad es que esto solo sirve para embellecer un proyecto que en esencia está diseñado para mantener a flote el mercado inmobiliario, en lugar de ofrecer soluciones reales a la crisis de vivienda.

Pierluisi anunció que los apartamentos de uno, dos y tres habitaciones estarán disponibles a precios que oscilarán entre $569 y $861, dependiendo de los ingresos de las familias. Sin embargo, estos costos, aunque aparentemente asequibles, reflejan la lógica capitalista de maximizar la rentabilidad, incluso en un sector tan esencial como la vivienda. No solo serán costosos para las familias trabajadoras, sino que también perpetúan un sistema donde el acceso a una vivienda digna depende de la capacidad de pagar alquileres que, aunque subsidiados, siguen siendo prohibitivos para muchos.

El gobernador también mencionó la construcción de 3,000 unidades en el suroeste de la isla, destinadas a los afectados por los terremotos. Sin embargo, es alarmante que, a pesar de los millones desembolsados, muchas personas en estas áreas siguen sin un hogar seguro. El dinero, en lugar de resolver la crisis, continúa alimentando las inversiones capitalistas en el mercado de bienes raíces, beneficiando a los de siempre.

En este contexto, es necesario destacar que la renta del suelo y el negocio de la vivienda siguen siendo dominados por desarrolladores capitalistas, que ahora cuentan con el respaldo de un nuevo mercado de permisos ambientales para el desarrollo urbano. Estos desarrolladores, junto con sus asesores legales, continúan manipulando el sistema para su beneficio, asegurando que las viviendas construidas o remodeladas sigan generando ganancias para el capital, mientras las necesidades de la población quedan desatendidas.

La clase trabajadora debe estar alerta: el negocio de la vivienda está indisolublemente ligado a los intereses capitalistas, no al bienestar social. Los $110 millones invertidos en la rehabilitación de viviendas para alquiler solo sirven para mantener el mercado inmobiliario en movimiento. Si estas viviendas llegan a las manos de las poblaciones más marginadas, será bajo el yugo del alquiler, y esas familias, después de un par de años, se verán forzadas a abandonarlas, cayendo nuevamente en la búsqueda desesperada de un techo. Este ciclo perpetuo beneficia únicamente a los "pulpos capitalistas" del sector inmobiliario, que continúan lucrando a costa de las necesidades más básicas de la clase trabajadora.

Pierluisi y su séquito capitalista conocen muy bien lo que están haciendo. Los partidos de la Alianza entre MVC y PIP, si no comprenden que el interés social en el capitalismo está enmarcado en la compra y venta, están destinados a ver cómo la alianza se hunde ante la manipulación de los partidos tradicionales que siguen engañando al pueblo.

En este sentido, la Ley 60, que ha atraído a inversionistas capitalistas al sector inmobiliario, no puede simplemente ser revisada; debe ser derogada. Pretender resolver la crisis de vivienda y el desplazamiento de la población sustituyendo a unos capitalistas por otros es un acto fútil. Revisar la Ley 60 para evaluar que no ha beneficiado a la burguesía puertorriqueña es estéril; sería como perfumar lo que ya apesta.