Incendio en Houston: La desigualdad ambiental que los políticos no se atreven hablar
por Bianca Morales
El reciente incendio en La Porte, Houston, Texas, vuelve a encender las alarmas sobre la planificación social y el desastre ambiental, temas que los políticos prefieren eludir. En esta ocasión, los residentes de comunidades en La Porte fueron evacuados de emergencia tras la explosión de un oleoducto que atraviesa las zonas residenciales, exponiendo a miles de personas al peligro. Las explosiones eléctricas intensificaron las llamas, generando un fuego incontrolable que puso en riesgo vecindarios, comercios y escuelas en las áreas de Spencer Highway y Fairmont Parkway, entre Luella y Canada Road, específicamente en el barrio de Brookgle.
Es importante señalar que esta zona es extremadamente vulnerable a este tipo de situaciones. Houston, el corazón petroquímico de Estados Unidos, está acostumbrado a los incendios y explosiones, muchas veces mortales. Varias refinerías, plantas industriales y miles de millas de oleoductos atraviesan la región. En esta zona específica, según la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos del Departamento de Transportes, hay al menos dos pipelines: un gasoducto y un oleoducto de líquidos peligrosos.
El contexto agrava la situación: las comunidades obreras que habitan esta área, compuestas mayoritariamente por latinos y afroamericanos, son las más expuestas al daño ambiental. Estas comunidades marginadas, además de sufrir la contaminación diaria, viven bajo la constante amenaza de explosiones y accidentes como el ocurrido en La Porte. Y aunque se ignoren o minimicen los riesgos, la realidad es innegable: estas poblaciones pagan el precio de un sistema económico que prioriza el beneficio industrial sobre la vida humana.
Las agencias federales, como la Agencia de Protección Ambiental (EPA), insisten en que los riesgos ambientales deben ser atendidos equitativamente entre las comunidades. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Las leyes que supuestamente protegen a las comunidades más vulnerables no se aplican con la misma contundencia cuando estas son de bajos ingresos o pertenecen a minorías étnicas. Según la propia EPA, en estas zonas ocurren aproximadamente 150 accidentes catastróficos en las instalaciones industriales cada año.
El caso de La Porte subraya la desconexión entre la legislación ambiental y la realidad que viven las comunidades pobres. No se trata solo de mencionar el incidente en los medios cada vez que un gasoducto explota; se trata de exponer la cruda realidad de la desigualdad social que se manifiesta en la aplicación de leyes que varían según la clase social de quienes habitan cada área.
El oleoducto en cuestión es operado por Energy Transfer, una empresa estadounidense con sede en Dallas, dedicada al transporte y almacenamiento de gas natural, petróleo crudo y otros productos peligrosos. A pesar de que la empresa debe cumplir con estrictos estándares de seguridad para operar en áreas residenciales, los constantes incidentes demuestran que estas regulaciones no son suficientes. Las comunidades afectadas han tenido que organizarse y desafiar al Estado para exigir que se haga cumplir la ley, evidenciando la enorme disparidad en la protección ambiental que sufren.
Lo más alarmante es que estos problemas ambientales, que deberían ocupar un lugar central en el debate político, son ignorados por los líderes del bipartidismo estadounidense. En lugar de atender las contradicciones inherentes a un sistema capitalista que privilegia el lucro sobre la planificación social y la seguridad ambiental, los políticos se concentran en promover la división entre la población. Para ellos, las leyes económicas que sostienen este sistema capitalista siempre estarán por encima de las necesidades de la gente.
Ante esta realidad, las organizaciones comunitarias que han surgido en La Porte y otras áreas son esenciales para desenmascarar la verdad: las leyes, tal como están diseñadas, no sirven a los intereses del pueblo, sino a los de los grandes capitalistas. Lo mismo ocurre en Puerto Rico, donde las comunidades han enfrentado situaciones similares. Recordemos la lucha contra el gasoducto de la muerte, que pretendía atravesar la isla, y que fue detenido gracias a la movilización del pueblo. Sin embargo, la amenaza persiste en otras formas, como la construcción en zonas marítimo-terrestres y la lucha contra las cenizas tóxicas en Peñuelas y Guayama.
Las batallas actuales, como las que lideran los grupos comunitarios y ambientales del Campamento Carey, son parte de una larga historia de resistencia. En el pasado, también destacaron organizaciones como Amigos del Mar, los grupos ambientalistas en Defensa de Playuela, y las comunidades de Tallaboa y Encarnación en Peñuelas, entre otros.
Sin la organización comunitaria y la resistencia del pueblo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, las leyes seguirán siendo meros instrumentos que el capitalismo utiliza para perpetuar la explotación y la desigualdad. Por eso, es urgente unifiquemos las luchas ambientales y construyamos Comités Comunitarios Permanentes para que así desarrollemos un programa político independiente que responda a los intereses del pueblo y no a los de las corporaciones.
En este contexto, el incendio en Houston no es solo un desastre ambiental; es una advertencia de lo que sucede cuando los intereses capitalistas prevalecen sobre el bienestar de la humanidad. La lucha debe continuar.
