En líos de ilegalidad: Jennifer González — El pueblo merece acciones legales ante esta situación
Por Bianca Morales
El Partido Nuevo Progresista (PNP) se ve nuevamente envuelto en un escándalo que lo vincula con los intereses de la burguesía criolla. En esta ocasión, el intento ilegal de desarrollar un complejo turístico en una zona marítimo-terrestre, protegido por su valor ecológico en Punta La Bandera, Luquillo, ha salpicado a la nueva candidata a la gobernación de Puerto Rico por el PNP, Jennifer González.
Los documentos revelados por la periodista Sandra Rodríguez Cotto, a partir de las denuncias iniciales del activista Eliezer Molina, indican que González intervino directamente para adelantar los permisos necesarios y lograr que el Cuerpo de Ingenieros aprobara el proyecto turístico-residencial promovido por Alfonso Valdés, miembro de la familia propietaria de la Cervecera de Puerto Rico. Este proyecto, que dañaría irreparablemente el entorno ecológico de la zona, ha sido impulsado a pesar de los riesgos ambientales evidentes y de las prohibiciones legales en el área.
La implicación de Jennifer González en este esquema la pone en una posición comprometedora. Según los documentos que han salido a la luz, se revela una serie de correos electrónicos entre José R. Díaz Marrero, asesor sénior de política pública de la oficina de la Comisionada Residente, y Virginia King, gerente de proyectos del Cuerpo de Ingenieros en Florida, confirmando la intervención directa de la ahora candidata a la gobernación. Estos documentos prueban que González utilizó su influencia para adelantar los permisos del proyecto en favor del empresario Valdés, a pesar de la oposición de agencias locales como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Planificación (JP) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), quienes por años han evaluado y protegido esta área por su alto valor ecológico.
Lo que agrava aún más la situación es la implicación de que, al gestionar estos trámites desde Washington, Jennifer González podría haber engañado al gobierno federal o, peor aún, que dicho gobierno podría estar involucrado en este esquema de corrupción. De confirmarse la primera opción, el gobierno de Estados Unidos debería tomar medidas para frenar la candidatura de González y deslindarse de cualquier relación con estos actos ilegales. Si, en cambio, el gobierno federal ha sido cómplice, también tendría que rendir cuentas, ya que estos actos violan las leyes que deberían regir en el propio territorio estadounidense.
Este caso se enmarca en una serie de intentos de empresarios capitalistas por apropiarse de terrenos costeros en Puerto Rico para desarrollar complejos turísticos exclusivos. Luquillo, Cabo Rojo, Rincón, Aguadilla, Isabela, Quebradillas, Arecibo y San Juan han sido áreas de constante interés para estos proyectos desde hace décadas. En particular, Valdés ha intentado levantar este proyecto en Luquillo desde 1999, resistido hasta ahora por la legislación local y el activismo ambientalista que lucha por proteger el valor ambiental de la región.
Este nuevo escándalo expone las contradicciones de la democracia burguesa y del sistema colonial en el que se enmarca Puerto Rico. La lógica del capital, que prioriza el valor de cambio sobre cualquier consideración ecológica o social, se manifiesta con claridad en este caso. Jennifer González, como intermediaria de los intereses capitalistas, no ha dudado en utilizar su puesto electo como Comisionada Residente para intentar violar incluso las propias leyes federales que defiende en su discurso público. Esta es solo una muestra más de cómo, en una sociedad capitalista, el dinero y el afán de lucro están por encima de la salud del medio ambiente y, por ende, de la seguridad y bienestar del pueblo.
El caso de Jennifer González no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que pone de manifiesto la coalición entre los capitalistas y los administradores coloniales. Este entramado es el resultado de un sistema político corrupto y en decadencia, donde los intereses de los ricos siempre prevalecen sobre las necesidades de la mayoría. En este contexto, la lucha electoral puede abrir una ventana para frenar temporalmente el avance del bipartidismo tradicional PNP/PPD, pero es claro que este es solo el primer paso.
La solución a largo plazo debe ser mucho más profunda y estructural. Se necesita una organización política permanente que provenga de las bases, de las comunidades afectadas y de la clase trabajadora. Los comités comunitarios y de trabajadores/as pueden ser el vehículo para articular un programa político que responda a los intereses reales de la mayoría y no a los del capital. Estos cuerpos políticos deben surgir de inmediato, sin esperar a los tiempos y limitaciones de un sistema electoral cada cuatro años, que ha demostrado ser ineficaz para proteger los recursos naturales y garantizar la justicia social.
El pueblo de Puerto Rico no puede seguir siendo víctima de los abusos de poder y la corrupción. La defensa de los recursos naturales debe ser una prioridad, y para ello, es necesario que las comunidades se organicen y exijan responsabilidad a los funcionarios públicos. Jennifer González y los involucrados deben enfrentar las consecuencias legales de sus acciones, y el pueblo tiene el derecho y el deber de exigir justicia.
Es hora de que la clase trabajadora y las comunidades tomen el control de su propio destino, rompiendo con el ciclo de explotación y corrupción que ha caracterizado al sistema colonial y capitalista en Puerto Rico. Solo a través de la organización colectiva y la acción política directa de la clase trabajadora será posible construir una sociedad en la que los recursos naturales y el bienestar de la población sean verdaderamente prioritarios.
