Giro de Jennifer González pone a discusión la cancelación del contrato de Luma Energy
Por Isabelino Montes
El reciente giro de Jennifer González, quien se retracta de su promesa de cancelar el contrato de Luma Energy, deja al descubierto no solo la hipocresía política que impera en Puerto Rico, sino también la urgencia de analizar críticamente el sistema energético y la verdadera naturaleza del poder estatal en la isla. La cancelación del contrato con Luma se ha convertido en un tema central en el debate electoral, pero, ¿realmente representa una solución o es solo otra cortina de humo?
La Trampa de los Partidos Tradicionales
Es crucial recordar que los dos partidos que hoy discuten la cancelación del contrato, el PNP y el PPD, fueron los mismos que facilitaron la entrega de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a manos privadas. Tanto el Partido Popular Democrático (PPD), con ahora Jesús Manuel Ortiz a la cabeza, como el Partido Nuevo Progresista (PNP) bajo el liderazgo de Pedro Pierluisi, han jugado un papel decisivo en el desmantelamiento del sistema energético público. Ahora, ambos partidos se presentan como defensores del interés público, mientras perpetúan un sistema que sigue beneficiando a los grandes capitales.
En este contexto, la retractación de González no debería sorprendernos. Su discurso electoral no es más que una estrategia oportunista para captar votos, sin una verdadera intención de alterar las estructuras políticas actuales. Al final, su decisión de no cancelar el contrato se justifica bajo el pretexto de que sería "demasiado costoso" para el país, reflejando una vez más la prioridad que estos partidos dan a los intereses corporativos sobre los de la mayoría trabajadora.
El Mito de la Imparcialidad del Estado
El argumento de que la cancelación del contrato con Luma podría traer consecuencias económicas negativas, como la pérdida de confianza de los inversores y posibles litigios costosos, no es más que un espejismo creado para justificar la inacción. La realidad es que el marco legal que regula estas decisiones está diseñado para proteger las inversiones capitalistas, no los intereses del pueblo. Así, el estado actúa no como un árbitro imparcial, sino como un instrumento al servicio de la clase dominante.
Es esencial que la clase trabajadora entienda que el Estado, bajo su forma actual, no representa sus intereses. Las instituciones legales y políticas están estructuradas para preservar el poder y la riqueza de una minoría, mientras que la mayoría trabajadora es relegada a un segundo plano. Por ello, cualquier cambio real en el sistema energético no puede venir simplemente de un cambio de administración, sino de una transformación radical del sistema político y económico.
La Propuesta de la Alianza: Un Paso Adelante, Pero Insuficiente
La Alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) ha presentado la propuesta más avanzada en cuanto a la producción energética, abogando por una transición hacia energías renovables y la recuperación de la AEE. Sin embargo, esta propuesta, aunque un paso en la dirección correcta, debe ser vista con cautela.
La idea de "recuperar" la AEE en manos del pueblo suena bien en teoría, pero en la práctica, ¿qué significa esto? ¿Bajo qué condiciones se gestionará la AEE? Históricamente, la AEE ha estado bajo el control de juntas de gobierno que no necesariamente han representado los intereses de la clase trabajadora. Para que la recuperación de la AEE sea realmente efectiva, es crucial que esta transición se haga bajo el control directo de los trabajadores/as, quienes son los verdaderos expertos en la materia y quienes han demostrado su capacidad para mantener el sistema operativo bajo condiciones extremadamente adversas.
Más Allá de las Elecciones: Hacia un Sistema Energético Controlado por la clase trabajadora
El debate sobre la cancelación del contrato de Luma Energy debe ser visto como parte de una lucha más amplia por la emancipación de la clase trabajadora en Puerto Rico. La verdadera solución no radica en cambiar de proveedor o en mejorar la eficiencia del sistema bajo las mismas estructuras de poder, sino en transformar radicalmente el sistema energético para que esté verdaderamente al servicio del pueblo.
Esto implica no solo la cancelación del contrato de Luma, sino la nacionalización de la producción energética bajo el control de los trabajadores. Además, este esfuerzo debe ser parte de una estrategia más amplia de colaboración con otros países del Caribe, enfrentando juntos los desafíos energéticos y construyendo un sistema que priorice las necesidades humanas sobre las ganancias capitalistas.
En conclusión, la lucha por un sistema energético justo en Puerto Rico es inseparable de la lucha por un cambio político y social más profundo. Es hora de que la clase trabajadora tome el control de su destino, organizándose y luchando por un sistema que realmente responda a sus necesidades y aspiraciones. El futuro de Puerto Rico no puede estar en manos de aquellos que solo buscan perpetuar su propio poder y riqueza; debe estar en manos de quienes construyen el país día a día con su trabajo.
