¡El dinero de los pescadores no es para Wall Street!

Por Bianca Morales

La burocracia sigue siendo una trampa mortal para la clase trabajadora en Puerto Rico. Los pescadores, que arriesgan sus vidas para llevar alimento a sus familias y al pueblo, siguen esperando el desembolso de los fondos federales que les corresponden. Los $7.6 millones asignados para compensar sus pérdidas tras los huracanes Irma y María no han llegado a sus manos, sino que han sido desviados hacia los bolsillos de Wall Street a través de la Junta de Control Fiscal (JCF). ¡Es inaceptable!

¿Cómo la Junta de Control Fiscal desvía el dinero a Wall Street?

La JCF, impuesta por el Congreso de EE. UU. mediante la Ley PROMESA, actúa como un intermediario que decide a dónde van los fondos federales que llegan a la isla. Su prioridad no es la recuperación ni el bienestar de la clase trabajadora, sino el pago de la deuda pública a los bonistas de Wall Street. A través de un proceso burocrático y de ajustes fiscales, la Junta impone restricciones a la distribución de fondos, priorizando el pago a los acreedores antes que las necesidades esenciales del pueblo.

Los fondos federales asignados para la reconstrucción y compensación de los pescadores fueron aprobados bajo el Programa de Subvención para Desastres de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, en lugar de liberarlos de inmediato para los trabajadores del mar, la JCF ha frenado el desembolso con excusas burocráticas, mientras utiliza otros fondos federales para garantizar el pago de la deuda ilegal.

Esta estrategia responde a la política de austeridad impuesta por la JCF, donde se retienen o redirigen fondos bajo el pretexto de "estabilizar las finanzas" del gobierno, cuando en realidad se están utilizando para pagar intereses de deuda a fondos buitres y bancos de inversión. Los mismos patrones se han visto con los fondos de reconstrucción de otras áreas esenciales, como la educación y la salud.

Los pescadores exigen acción inmediata

Este martes, decenas de pescadores, apoyados por la organización FURIA, Inc. y la Oficina Legal de la Comunidad de la Universidad Interamericana, se presentaron en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para exigir respuestas del secretario designado, Waldemar Quiles. La demanda es clara: la liberación inmediata de los fondos para mejorar sus condiciones de trabajo y agilizar los permisos de pesca.

“No estamos aquí por gusto, ni por un capricho. Antes de salir al mar hay que tener una embarcación en condiciones adecuadas, con luces de bengala, salvavidas, equipo de pesca, nasas, carnada y combustible, que cada día está más caro”, expresó Miguel Ortiz Serrano, presidente de la Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico, Inc. (FEPDEMAR). “Necesitamos los permisos del gobierno para poder pescar langosta, carrucho y otras especies. Reparar un motor es caro y comprar uno nuevo, mucho más. No es solo cuestión de valor, hay que tener dinero para lanzarse al mar, y ese dinero ya fue asignado para nosotros. No aceptaremos excusas”, afirmó Ortiz Serrano.

Las pérdidas de los pescadores tras el paso del huracán María se estimaron en $8.4 millones, y los fondos aprobados para compensarlos ascienden a $7.6 millones. Sin embargo, la burocracia estatal y federal los mantiene congelados, mientras que el gobierno se apresura en agilizar permisos ilegales para construcciones en La Parguera, poniendo en riesgo la pesca y el medio ambiente.

Los pescadores no solo enfrentan las inclemencias del mar, sino también un sistema que los condena al abandono. La pesca no es una actividad recreativa ni un pasatiempo, sino un trabajo que exige inversión, sacrificio y un conocimiento profundo del medio marino. Además, su labor es vital para la alimentación del país, especialmente en una isla donde la importación de alimentos domina y encarece el acceso a productos básicos.

Más que exigir fondos, es hora de organizarse

Pero la lucha no puede quedarse solo en reclamar los fondos que les corresponden. Es momento de que los pescadores se organicen en Comités de Trabajadores para ejercer un control político sobre su industria. La burocracia no servirá jamás a los intereses de la clase trabajadora, por lo que es necesario que los propios pescadores impulsen políticas que garanticen su estabilidad.

Entre las medidas urgentes, estos comités deben exigir la creación de programas de formación en las escuelas vocacionales públicas para asegurar el relevo generacional en la pesca. Asimismo, es fundamental que el Estado subsidie la compra de pescado para distribuirlo en centros comunitarios obreros y vender el restante a precios accesibles para el pueblo. Esto no solo fortalecería la seguridad alimentaria, sino que consolidaría una industria pesquera en manos de quienes realmente la sostienen: los trabajadores del mar.

El dinero para los pescadores no puede seguir en manos del capital. No se trata solo de liberar fondos retenidos, sino de transformar la industria pesquera en un pilar de soberanía alimentaria para el país. La lucha de los pescadores es la lucha de toda la clase trabajadora. ¡Ni un peso más para Wall Street, todo para quienes producen la riqueza!