El control de los cuerpos: la ofensiva conservadora sobre la maternidad en Puerto Rico y EE.UU

Por Bianca Morales

Las palabras del reelecto alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, ponen en evidencia cuán retrógrada es la visión que predomina entre muchos de los líderes electos de Puerto Rico. Según Ramírez, el descenso en la natalidad y el cierre de salas de obstetricia se deben a que las mujeres en la isla "no desean tener hijos", utilizando, según él, el costo de vida como una simple “excusa.” En una reciente entrevista con Telenoticias (Telemundo), el alcalde comentó: “Las mujeres no quieren parir y la excusa es el costo de vida, pero sí pueden comprarse un carro de 40 o 50 mil pesos, sí pueden irse a viajar, pueden irse de wikén a janguear y no pueden criar un hijo.” Estas declaraciones se enmarcaron en el contexto del posible cierre de la sala de obstetricia y la unidad de cuidado intensivo neonatal (NICU) del Hospital Pavía de Arecibo.

Este discurso no es una excepción; refleja una línea de pensamiento compartida entre varios sectores del nuevo gobierno, con un objetivo claro de influir en las decisiones de las mujeres respecto a la maternidad. En sintonía con esta postura conservadora, se encuentra la senadora Rodríguez Veve, miembro del Partido Proyecto Dignidad y del Movimiento Pro Vida, cuyo propósito central es eliminar el derecho al aborto.

Esta política regresiva parece promover una nostalgia por un pasado "ideal" en el que, según los conservadores, los valores de la vida se preservaban porque no existía el derecho al aborto. Con este enfoque, los Movimientos Pro Vida ganan fuerza en Estados Unidos, Argentina, España, Centroamérica, Puerto Rico y otros lugares. Sin embargo, este planteamiento ignora deliberadamente los avances científicos y sociales: no existe evidencia científica de que el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad haya impactado negativamente a la sociedad. Los movimientos pro vida suelen fundamentarse en doctrinas religiosas o interpretaciones filosóficas de lo que constituye una vida, más que en datos objetivos.

El caso de Estados Unidos ilustra cómo estas políticas conservadoras afectan la vida de las mujeres. Antes de la histórica sentencia de Roe v. Wade (1973), que estableció el derecho constitucional al aborto, las mujeres se veían forzadas a someterse a procedimientos clandestinos, frecuentemente peligrosos, para interrumpir sus embarazos, lo cual ponía en riesgo su salud e incluso sus vidas. Roe v. Wade, fundamentado en el derecho a la privacidad de la Decimocuarta Enmienda, permitió a las mujeres acceder a abortos seguros y regulados a nivel federal. Sin embargo, en 2022, la Corte Suprema anuló este precedente en el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, devolviendo a los estados la autoridad para regular el aborto. Desde entonces, al menos 14 estados han impuesto prohibiciones casi totales, permitiendo el aborto solo en circunstancias extremas, mientras otros, como Florida y Georgia, lo prohíben después de las seis semanas de gestación, un límite que muchas mujeres desconocen que ya han superado al momento de saber que están embarazadas.

Este contexto forzado lleva a situaciones devastadoras. Tomemos el caso de Kimberly Manzano, residente de Texas, quien, siendo fervientemente antiaborto, descubrió en su séptima semana de embarazo que el feto presentaba serias complicaciones de salud. Su médico le sugirió interrumpir el embarazo debido al alto riesgo de infección o infertilidad, pero la pareja, debido a las leyes restrictivas de Texas, tuvo que desplazarse hasta Nuevo México para acceder al procedimiento, sin cobertura de su seguro médico y asumiendo todos los costos. Este tipo de casos se replican cada vez más en EE. UU., y exponen los graves riesgos de prohibir el aborto.

La ofensiva antiaborto en EE. UU. también tiene sus implicaciones políticas, donde figuras como Donald Trump han instrumentalizado esta causa para fortalecer el apoyo entre sectores conservadores y religiosos. Durante su campaña, Trump apeló a la nostalgia de la “familia tradicional”, sugiriendo el retorno a un pasado en el que el trabajo y la estabilidad estaban garantizados. Sin embargo, esta narrativa resulta una mentira: el ideal de la familia patriarcal ha sido parte del deterioro social y el regreso a una economía industrial es imposibles bajo la actual lógica capitalista, donde la producción se ha trasladado a países con salarios bajos para maximizar ganancias.

Este paradigma económico, defendido tanto por republicanos como por demócratas, mantiene las relaciones de producción capitalistas, y el intento de restringir el aborto es solo otra manifestación de esta contradicción. En Puerto Rico, estas políticas reaccionarias se alinean con las expresiones del alcalde de Arecibo. Su visión representa el interés por controlar el cuerpo de las mujeres, sin importar las condiciones económicas de una sociedad cada vez más deteriorada, en la que los trabajadores enfrentan empleos múltiples o condiciones laborales denigrantes. Así, los conservadores buscan aumentar la cantidad de trabajadores/as disponibles sin preocuparse por las aspiraciones reales de la clase obrera, que desea condiciones dignas de vida y trabajo, así como la libertad de planificar responsablemente.

Es esencial señalar que ni los partidos principales en EE. UU. ni sus aliados en Puerto Rico representan un verdadero avance para la sociedad. Los logros alcanzados en materia de derechos de salud, como el derecho al aborto, son fruto de décadas de lucha social, y constituyen un avance basado en las necesidades de la clase trabajadora, no en un capricho ideológico de la burguesía. El aborto, además de un derecho, es una herramienta de planificación que responde a la realidad económica y social de la clase obrera. Por eso, este derecho no solo debe mantenerse, sino que debería ser financiado por el Estado y formar parte de un sistema de salud universal y gratuito.

Es crucial que las trabajadoras en Puerto Rico, EE. UU. y otras partes del mundo rechacen la injerencia de políticos burgueses en sus decisiones sobre la maternidad. La organización de comités de barrios y de trabajadores/as es una estrategía fundamental para construir un programa político que respalde una planificación familiar acorde a las necesidades reales de la clase obrera y asegure su derecho a decidir.