El circo del Congreso con el asunto energético de PR: quienes nos hundieron ahora pretenden salvarnos

Por Isabelino Montes

Jennifer González y Nydia Velázquez: figuras políticas que cambian de discurso según convenga. Defienden a empresas privadas y capitalistas del gas natural mientras se presentan como opositoras a proyectos que ellas mismas apoyaron. La clase trabajadora sigue marginada en el proceso de decisión

En Puerto Rico, cuando se habla de la crisis energética, se pasa por alto una realidad central: el poder que Estados Unidos y su industria capitalista ejercen sobre la isla. Esta dinámica colonialista ha llevado al Congreso de Estados Unidos a discutir el futuro de la red eléctrica de Puerto Rico, en una sesión promovida por el Subcomité de Asuntos Indígenas y de Territorios Insulares del Comité de Recursos Naturales. Su objetivo aparente es examinar los desafíos de la reconstrucción energética de Puerto Rico, pero detrás de este interés está la ambición de los capitalistas energéticos de Estados Unidos por expandir su control sobre el mercado energético local.

Los verdaderos motivos tras la preocupación del Congreso no están en el bienestar de los puertorriqueños, sino en asegurar que las empresas a cargo del servicio energético de la isla, Luma Energy y Genera, no obstaculicen la creación de un nuevo mercado de energía renovable. Sin embargo, detrás de este debate yace una lucha de poder entre los mismos capitalistas: unos, ligados al Partido Demócrata, apuestan por las energías renovables, mientras que otros, más cercanos al Partido Republicano, defienden las fuentes tradicionales como el petróleo y el gas natural.

Esta pugna interna no responde a los intereses del pueblo, sino a las necesidades de expansión del capital. Mientras los demócratas impulsan energías renovables como la solar y la eólica, otros congresistas argumentan que esta política pone en peligro la estabilidad energética de los 3.2 millones de habitantes de Puerto Rico. Esta lucha económica entre polos capitalistas ha desatado un caos en la planificación energética y social de la isla, agravando la pobreza que ya afecta al 43% de los puertorriqueños. En un contexto donde la instalación de paneles solares cuesta aproximadamente $28,000 dólares, mientras que el ingreso medio de una familia en la isla es de apenas $24,000, la apuesta por la energía renovable no es más que un espejismo.

Luma Energy y Genera continúan operando sin freno, mientras los capitalistas energéticos exigen una intervención en el Congreso. La ironía radica en que fue este mismo Congreso el que apoyó la creación de la Junta de Control Fiscal (JCF), que impulsó la privatización del servicio eléctrico en la isla. Ahora, los mismos actores que nos hundieron en esta crisis pretenden "resolverla".

Jennifer González, comisionada residente de Puerto Rico en el Congreso, es otro ejemplo de hipocresía. Ella ha sido una defensora de los intereses del gas natural y, aunque ahora se presenta como opositora a Luma, fue una de las principales impulsoras de su entrada a la isla. En el reciente debate, cuestionó la prioridad que se está dando a proyectos de energía renovable, pero su verdadero interés sigue siendo el de proteger a los capitalistas del gas natural.

No es la única que juega este doble rol. Nydia Velázquez, quien también fue partidaria de la JCF y, por ende, de la entrada de Luma y Genera, ahora pretende dar lecciones de democracia. Esta alianza entre los intermediarios capitalistas muestra claramente que la clase trabajadora está excluida de cualquier proceso de decisión real.

El espectáculo en el Congreso evidencia que quienes nos metieron en esta crisis son los mismos que intentan "resolverla". La clase trabajadora, mientras tanto, es aplastada bajo el peso de una lucha entre capitalistas que solo buscan llenarse los bolsillos a expensas de necesidades básicas, como el acceso a la energía eléctrica.

Incluso la evaluación del Congreso sobre Luma fue una burla. A pesar de todas las pruebas de su mal servicio, la empresa tuvo la audacia de pedir más fondos mientras esquivaba preguntas de los congresistas, quienes en su momento habían apoyado su entrada y ahora, cínicamente, se oponen.

La farsa democrática que se escenifica en estas audiencias no representa al pueblo ni le da voz a la clase trabajadora de Puerto Rico. Son los privatizadores quienes discuten el futuro de la isla, no el pueblo que sufre las consecuencias de sus decisiones.

La solución no puede estar en las manos de la burguesía, sino en la organización de la clase trabajadora. Es hora de canalizar la frustración y el descontento popular, y exigir la cancelación del contrato de Luma y Genera mediante una paralización masiva en las calles. Solo desde una manifestación contundente se podrá dar el primer paso hacia la construcción de organismos políticos verdaderamente representativos y participativos de la clase trabajadora, independientes de los partidos políticos tradicionales y emergentes.

El pueblo de Puerto Rico no puede seguir siendo espectador de su propio destino. Es momento de actuar y construir un futuro propio, lejos de las manos de quienes solo buscan explotar nuestras necesidades básicas para su propio beneficio.