¿Con qué moral democrática los congresistas piden ser observadores de las elecciones en PR?

Por Isabelino Montes

Nydia Velázquez, Congresista del Distrito 7 de Nueva York

Cinco congresistas han solicitado al Departamento de Justicia Federal que envíe observadores a la elección general en Puerto Rico y realice una auditoría para determinar si la Comisión Estatal de Elecciones cumple con los estatutos federales, como la Ley HAVA, que protege el derecho al voto. Entre los firmantes de esta carta se encuentran Raúl Grijalva, Grace Meng, Alexandria Ocasio-Cortez, Nydia Velázquez y Delia Ramírez.

Resulta irónico que estos representantes de la burguesía estadounidense, quienes enfrentan problemas históricos similares en su propio país, se ofrezcan ahora para supervisar las elecciones en Puerto Rico. En un contexto donde el bipartidismo ha erosionado la democracia tanto en la isla como en Estados Unidos, ¿con qué moral vienen estos congresistas a dar lecciones sobre democracia? La verdad es que ellos han sido parte de la misma descomposición política que ha colonizado a Puerto Rico por más de un siglo.

Para entender la crisis democrática de la que estos congresistas provienen, observemos su Colegio Electoral, una institución clave en el sistema electoral de EE.UU. Que durante las elecciones de 2016, Donald Trump ganó la presidencia a pesar de haber perdido el voto popular por más de 2.8 millones de votos frente a Hillary Clinton. El Colegio Electoral, que fue establecido en el siglo XVIII, permite que un candidato pueda llegar a la presidencia sin la mayoría del voto popular, como ha ocurrido cinco veces en la historia estadounidense. En otras palabras, la mayoría no decide, un problema que también afecta a Puerto Rico, donde en ocasiones hasta los muertos "votan", como se demostró en la investigación reciente que resalta el fraude electoral de los partidos tradicionales (PNP y PPD).

Aunque en Estados Unidos no votan los muertos, su sistema electoral está muerto, atrapado en la perpetuación del bipartidismo. Este Colegio Electoral fue diseñado para equilibrar los intereses de los estados pequeños y grandes, evitando que las grandes ciudades dominaran el proceso electoral. Con este sistema obsoleto, los congresistas estadounidenses se sienten con autoridad para dictar democracia electoral en el mundo.

Otro ejemplo fue la elección del 2000 entre George W. Bush y Al Gore. La elección se decidió por unos pocos cientos de votos en Florida, y la Corte Suprema intervino para detener el recuento, otorgando la presidencia a Bush, a pesar de que Gore ganó el voto popular a nivel nacional. Este tipo de situaciones pone en duda la credibilidad democrática de un sistema que se presenta como modelo a seguir.

Además de la manipulación estructural del sistema, la democracia en EE.UU. depende en gran medida de las contribuciones económicas. Los grandes capitalistas, a través de Comités de Acción Política (PACs) y SuperPACs, financian a los candidatos que mejor representan sus intereses. No es diferente de lo que ocurrió en Puerto Rico, donde se generó un escándalo cuando el artista Bad Bunny financió una campaña contra el bipartidismo puertorriqueño. La verdadera pregunta es: ¿quién financia la democracia estadounidense?

Corporaciones como Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, y gigantes tecnológicos como Google y Tesla, invierten sumas millonarias en ambos partidos, asegurando que sus intereses estén bien representados. Incluso ExxonMobil, históricamente alineada con los republicanos, ha realizado aportaciones gigantes que no dejan a un lado a los demócratas también. Es esta democracia, sostenida por los ricos y poderosos, la que los congresistas estadounidenses utilizan para imponer en Puerto Rico, presentándola como un ejemplo de transparencia y justicia.

La realidad es que estos congresistas no vienen a garantizar la integridad del proceso electoral en Puerto Rico, sino a asegurarse de que las elecciones beneficien al capital. La democracia en EE.UU. y Puerto Rico está quebrada, dominada por los intereses de una élite que compra influencias y perpetúa el sistema bipartidista.

La clase trabajadora, tanto en EE.UU. como en Puerto Rico, se enfrenta a una democracia que no la representa. Trascender este sistema electoral requiere más que la supervisión hipócrita de congresistas que protegen los intereses de los millonarios. Necesitamos la organización política de la clase trabajadora, que es la única capaz de seleccionar a líderes que realmente defiendan sus intereses, y no a aquellos que perpetúan un sistema que beneficia a unos pocos a costa de muchos.

En conclusión, los congresistas no vienen a velar por la transparencia electoral en Puerto Rico, sino a salvaguardar el sistema que beneficia a los mismos multimillonarios que financian tanto a los demócratas como a los republicanos. La lucha debe ser por una democracia genuina, construida por y para la clase trabajadora, libre de las cadenas del capital que han corrompido tanto a EE.UU. como a Puerto Rico.