Caótica realidad del inicio de clases en Puerto Rico
Por Bianca Morales
Tras el paso de la tormenta Ernesto, las escuelas públicas de Puerto Rico finalmente abrieron sus puertas para un nuevo año escolar. Sin embargo, el panorama que encontraron maestras/os, estudiantes y padres dista mucho de ser alentador. El deterioro de los planteles escolares, una problemática que lleva años sin resolverse, volvió a ser protagonista en este caótico inicio de clases. Más de 20 escuelas no pudieron recibir a sus estudiantes debido a las condiciones peligrosas e inadecuadas en las que se encuentran.
Maestros/as y estudiantes han salido a denunciar una serie de condiciones inaceptables: filtraciones severas, hongos y pestilencia en los salones de clase, infestaciones de ratas e insectos, instalaciones eléctricas en mal estado, falta de servicio de agua potable, ventanas rotas, y la lista sigue. Estas denuncias, genuinas y preocupantes, fueron desestimadas por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien las calificó como meras críticas habituales en la isla.
"Algunos van a criticar porque aquí eso siempre ha estado de moda, la crítica", declaró Pierluisi a la prensa, minimizando así la gravedad de la situación. Este es el mismo gobernador que ha defendido incansablemente a Luma Energy, la empresa responsable de la privatización del servicio eléctrico en Puerto Rico, ignorando las constantes quejas y protestas de alcaldes y ciudadanos que sufren las consecuencias de un servicio deficiente. Ahora, con 56 escuelas sin electricidad y 18 sin agua, Pierluisi mantiene su postura indiferente, alegando que el inicio de clases transcurrió con normalidad.
Las imágenes compartidas por la Federación de Maestros/as de Puerto Rico desmienten categóricamente las declaraciones de Pierluisi, evidenciando el estado deplorable en el que se encuentran muchas escuelas. Mientras tanto, el Departamento de Educación ha implementado un reglamento de horarios intermedios para "atender" la situación, una solución que no aborda los problemas de fondo y que perpetúa la crisis educativa. Estos horarios incompletos no solo afectan la calidad de la educación, sino que también subrayan la falta de compromiso del gobierno para resolver los problemas estructurales de las escuelas.
La realidad es que los partidos tradicionales han optado por silenciar las voces que se alzan en defensa de una educación digna. Cuyas voces se alzan para reclamar los fondos que deberían destinarse a mejorar las condiciones de las escuelas y no ser utilizados para enriquecer los bolsillos de la élite financiera. El presupuesto aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal para el Departamento de Educación de Puerto Rico en el año fiscal 2023-2024, de $3,041,510,000, incluye un aumento significativo destinado a cubrir aumentos salariales y servicios esenciales. Sin embargo, estos fondos están siendo desviados a contratos cuestionables y a la privatización de servicios, en lugar de ser utilizados para mejorar la infraestructura escolar.
Un ejemplo de este desvío de fondos es el contrato de $225,000 otorgado al director de campaña de Jennifer González, candidata a la gobernación por el partido en el poder. Este contrato, supuestamente destinado a mejorar la infraestructura de las escuelas, es solo una muestra más de cómo el dinero público es utilizado para beneficiar a unos pocos, mientras las escuelas siguen deteriorándose. Otro caso escandaloso es la compra de mochilas por $250,000, firmadas por la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega, una cantidad exorbitante que podría haberse utilizado para resolver problemas urgentes en las escuelas afectadas.
El inicio de clases no solo expone la corrupción y mala gestión del aparato colonial en Puerto Rico, sino que también revela cómo la educación pública está siendo entregada a los intereses capitalistas. Las escuelas cerradas, la falta de inversión en infraestructura, y la creciente privatización del sistema educativo son síntomas de un sistema que prioriza las ganancias de las empresas privadas sobre el bienestar de los estudiantes y maestros.
En Estados Unidos, la privatización del sistema educativo ya es una realidad, con las escuelas charter y otros métodos que han generado una profunda desigualdad educativa entre comunidades ricas y pobres. En Puerto Rico, este proceso de privatización avanza de manera similar, con la descentralización del Departamento de Educación y la entrada de empresas privadas en la administración de servicios escolares.
Esta desigualdad no es un fenómeno aislado, sino una manifestación de cómo el capital utiliza la educación para reproducir la fuerza de trabajo según sus propios intereses. Para el sistema capitalista, la educación no es un derecho, sino un medio para generar ganancias. Por lo tanto, la calidad educativa en las comunidades trabajadoras y pobres se ve relegada a un segundo plano, mientras que las empresas privadas se apropian de la educación y buscan reducir al máximo las inversiones en los lugares menos rentables economicamente, sacrificando el futuro de las nuevas generaciones.
En este contexto, los jóvenes pierden interés en la escuela, viendo pocas oportunidades de un futuro económico estable. Aquellos que no abandonan la educación buscan salidas rápidas a través de certificaciones en línea, desesperados por ingresar al mercado laboral lo antes posible. Esta es la consecuencia de una economía capitalista caótica que ha abandonado cualquier planificación y ha dejado a la juventud trabajadora a su suerte.
La depreciación de la fuerza de trabajo, reflejada en la crisis educativa, es un llamado urgente a la organización y lucha de la clase trabajadora. No podemos permitir que la educación, un derecho fundamental, sea sacrificada en nombre de las ganancias capitalistas. Es hora de exigir una educación digna, accesible y de calidad para todos, y de luchar contra la subordinación de los servicios esenciales a los intereses del capital. La crisis educativa en Puerto Rico no es solo un problema local, sino una batalla más en la lucha global contra la explotación y la desigualdad.
